El avance de la minería ilegal en Cusco y las limitaciones institucionales para enfrentarla se han convertido en un riesgo creciente para la inversión formal, la generación de empleo y el flujo futuro de recursos fiscales hacia la región, según explicó Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), en conversacion con Infomercado.
Reinfo y presencia de minería ilegal en zonas restringidas
El análisis del IPE muestra que miles de registros del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) se ubican en zonas donde la actividad minera está prohibida, como áreas naturales protegidas, zonas de amortiguamiento y otros territorios expresamente restringidos.
“Hemos identificado al menos 13,000 registros del Reinfo ubicados en zonas donde no debería haber minería. Incluso después de la depuración, todavía quedan 3,600 registros en áreas restringidas, donde la minería nunca va a poder ser formal”, señaló Gallardo.
Un mapeo elaborado por el IPE evidencia que una parte significativa de estos registros se superpone a áreas naturales protegidas y otros territorios donde la actividad minera está expresamente prohibida, lo que refuerza que el cierre del Reinfo constituye solo un primer paso para enfrentar el problema de la minería ilegal.
Minería ilegal y bloqueo a la inversión formal en Cusco
Cusco cuenta con una cartera minera valorizada en US$3,290 millones, integrada por tres proyectos de cobre que permitirían elevar la producción regional de 245 mil toneladas en 2024 a más de 500 mil toneladas, según estimaciones del Ministerio de Energía y Minas (Minem) y el IPE. No obstante, la expansión de la minería ilegal ha incrementado los riesgos para el desarrollo de estas iniciativas.
“La minería ilegal termina bloqueando proyectos formales. Hay casos en los que las actividades de exploración no pueden avanzar porque los campamentos son ocupados o atacados”, explicó Gallardo.
Este escenario eleva la incertidumbre para la inversión privada, retrasa los cronogramas de ejecución y reduce la probabilidad de que los proyectos entren en operación dentro de los plazos previstos, afectando la generación futura de empleo y recursos fiscales.
Impacto fiscal y riesgo para el canon futuro
La minería y el gas han sido determinantes para las finanzas públicas del Cusco. Según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), recopiladas por el IPE, entre 2021 y 2025 las transferencias por canon y regalías mineras y gasíferas superaron los S/13,000 millones, más del doble del promedio registrado en el quinquenio 2016–2020. Además, estas actividades están asociadas a la generación de más de 50,000 empleos directos e indirectos en la región.
En ese contexto, el avance de la minería ilegal representa un riesgo fiscal de mediano plazo, al desplazar inversiones formales que sostienen el flujo de canon, reducen la base tributaria y limitan la capacidad de financiamiento de los gobiernos regionales y locales.
Conflictos sociales, debilidad institucional y ausencia del Estado
Según explicó Gallardo, la expansión de la minería ilegal está estrechamente vinculada a la limitada presencia del Estado en zonas rurales del Cusco, donde persisten brechas significativas en acceso a servicios básicos como agua, saneamiento, salud y educación. Estas carencias generan entornos de alta fragilidad institucional y elevan la conflictividad social.
“Si hubiera presencia del Estado, si ya los servicios hubieran llegado, si hubiera agua, luz, saneamiento, una buena escuela y un buen servicio de salud, la relación con las comunidades sería distinta y estos espacios transaccionales serían mucho menos probables”, afirmó el gerente general del IPE.
A ello se suma un deterioro del entorno institucional. En 2024, el 34.8% de la población urbana del Cusco fue víctima de algún hecho delictivo, una tasa superior al promedio nacional de 27.1%, según la Encuesta Nacional de Programas Estratégicos (ENAPRES), lo que dificulta el control efectivo de actividades ilegales.
Efectos sobre la inversión pública y el crecimiento regional
A la presión generada por la minería ilegal se suma la baja capacidad de ejecución del gasto público en Cusco. Cusco mantiene más de 3,000 proyectos de inversión pública paralizados o abandonados, lo que limita el impacto del canon en el cierre de brechas de infraestructura y servicios, debilitando la capacidad del Estado para recuperar control territorial.
El desempeño del PBI regional ha mostrado una elevada volatilidad en la última década, con caídas asociadas a conflictos sociales, menor extracción minera y choques externos. La persistencia de la minería ilegal añade un factor adicional de riesgo al crecimiento regional, al frenar inversiones productivas y limitar la generación de empleo formal.
De acuerdo con el IPE, enfrentar de manera efectiva la minería ilegal y fortalecer la gestión pública a nivel subnacional son condiciones necesarias para destrabar proyectos mineros, asegurar ingresos fiscales futuros y sostener un crecimiento económico más estable en la región.