Indecopi confirmó que Yura S.A. y Racionalización Empresarial S.A. (Raciemsa), ambas del Grupo Gloria, ejecutaron durante casi cinco años un esquema de restricciones comerciales que aprovechó la posición de dominio de la cementera en el sur del país, imponiendo una multa conjunta superior a S/ 59.5 millones y sanciones personales a ocho directivos y trabajadores.
La resolución de segunda y última instancia en sede administrativa obliga además a las compañías a implementar un programa de cumplimiento en libre competencia para corregir la forma en que operan con ferreterías, distribuidores y transportistas en Arequipa, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna.
¿Cómo operó el esquema de Yura en el mercado de cemento?
Según la Resolución N.° 0266-2025/SDC-INDECOPI, entre octubre de 2014 y abril de 2019 Yura concentró más del 90% del mercado de cemento en la zona sur, mientras Raciemsa, del mismo grupo económico, prestaba servicios de transporte vinculados a esa cadena comercial.
La Sala Especializada en Defensa de la Competencia concluyó que ambas empresas desplegaron estrategias para impedir o dificultar el ingreso y permanencia de marcas rivales en la comercialización de cemento.
El expediente detalla que se modificaron condiciones comerciales a ferreterías y distribuidoras exigiendo que dejaran de adquirir cemento de otros fabricantes para mantener beneficios o la continuidad de la relación con Yura.
También se acreditó la inclusión selectiva de establecimientos en una red de fidelización, así como amenazas o restricciones de suministro a quienes ofrecían productos competidores, e incluso advertencias a transportistas de que no serían contratados si trasladaban cemento de otras marcas.
Efectos sobre precios y opciones para el consumidor del sur
Para la Sala, estas conductas configuraron un abuso de posición de dominio que afectó el proceso competitivo en las cinco regiones analizadas, al obstaculizar la venta de cementos rivales y reducir las alternativas de compra disponibles.
El organismo señaló que, en ese contexto de menor rivalidad, se facilitó el mantenimiento de precios más elevados en las principales marcas comercializadas por Yura en el sur del país.
Indecopi precisó que el impacto no solo se refleja en la estructura del mercado de cemento, sino también en los consumidores finales que se vieron privados de mejores condiciones de precio, calidad y servicio.
Como medida correctiva, el Tribunal ordenó a Yura y Raciemsa implementar un programa de cumplimiento de normas de libre competencia, supervisado por la autoridad, como condición para prevenir nuevas infracciones.
Multas, responsabilidad individual y siguiente paso judicial
La sanción económica asciende a más de S/59.5 millones para Yura y Racionalización Empresarial en conjunto, lo que equivale a 11,128.72 UIT según la decisión de segunda instancia, inferior a la multa total impuesta inicialmente en primera instancia.
Adicionalmente, ocho personas vinculadas a las empresas fueron multadas por un monto agregado de S/936,000 (175.02 UIT), al atribuirles responsabilidad en la ejecución de las conductas anticompetitivas.
Indecopi recordó que la Sala actúa con autonomía técnica y funcional y que sus resoluciones son definitivas en vía administrativa, sin perjuicio de que puedan ser cuestionadas ante el Poder Judicial mediante un proceso contencioso administrativo.
La decisión es pública y puede ser consultada en el portal del Indecopi, donde se detalla el análisis del mercado relevante, la descripción de las prácticas y la metodología utilizada para el cálculo de las sanciones.
La respuesta de Yura y la posición del Grupo Gloria
Yura manifestó su desacuerdo con el fallo del Tribunal del Indecopi, señalando en un comunicado que la resolución solo confirma parcialmente la decisión de primera instancia y reduce el monto de la multa inicialmente impuesta.
La cementera destacó que la Sala incluye un voto en discordia que planteaba revocar la sanción y declarar infundadas las imputaciones, elemento que la empresa considera relevante para su eventual estrategia judicial.
La compañía anunció que evalúa interponer una demanda contencioso administrativa para que el caso sea revisado por el Poder Judicial, afirmando que sus operaciones se realizan bajo estándares de cumplimiento normativo y que confía en obtener una revisión integral y objetiva del expediente.
De prosperar la impugnación, corresponderá a los tribunales evaluar tanto la calificación jurídica de las conductas como la razonabilidad de las sanciones impuestas por la autoridad de competencia.