El Gobierno de Colombia decretó un incremento de 23.7% en el salario mínimo para 2026, que se fijó en 2 millones de pesos colombianos mensuales. Este monto equivale aproximadamente a S/ 1,778 según el tipo de cambio vigente, lo que permite dimensionar la medida desde la perspectiva peruana.
El ajuste beneficiará a 2.4 millones de trabajadores colombianos e incluye un auxilio de transporte de 249,095 pesos. Se trata del aumento más alto en más de dos décadas, superando los incrementos de 2022 (16%), 2023 (12%) y 2024 (9.5%).
En Perú, el salario mínimo se mantiene en S/ 1,025. La diferencia con el nuevo mínimo colombiano equivale a más de 70% adicional en términos nominales.
Reacciones en Colombia
Fenalco estimó que los costos laborales por trabajador ascenderán a 3 millones de pesos mensuales, considerando obligaciones salariales y prestacionales.
Asimismo, la Andi advirtió riesgos sobre inflación, empleo y finanzas públicas.
Bancolombia, por su parte, proyectó que la inflación cerrará 2026 en 5%, fuera del rango meta por sexto año consecutivo, y señaló que cada punto adicional en el salario mínimo sobre inflación y productividad añade 0.06 puntos al IPC.
Mientras el Banco de la República mantiene una tasa de política monetaria en 9.25% y podría sostener niveles altos para contener presiones inflacionarias.
Acciones judiciales contra el decreto del salario mínimo en Colombia
Tras el anuncio del incremento para 2026, el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo realizó un llamado público a acudir a instancias judiciales.
Indicó que la medida afecta al 90% de los colombianos y afirmó que no debía aplicarse sin fundamentos técnicos suficientes.
En ese contexto, el exfuncionario planteó la opción de cuestionar la validez del decreto y subrayó la importancia de que decisiones con alto impacto social y económico cuenten con sustento sólido y razonable.
Posteriormente, el politólogo Josías Fiesco, candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, presentó la primera demanda ante el Consejo de Estado para impugnar el acto administrativo que fijó el aumento del salario mínimo en Colombia para 2026.
Contexto fiscal y laboral
El déficit del Gobierno Nacional Central se proyecta en 6.5% del PIB en 2026, con una deuda pública de 63.4%. El incremento del mínimo añade presión sobre las nóminas públicas y el gasto estructural.
La ANIF alertó que la reducción gradual de la jornada laboral, sumada al alza del mínimo, eleva el costo de la hora trabajada y puede incentivar la informalidad.