Los gobiernos de Argentina, Bolivia, Colombia y México expresaron “su profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de José Pedro Castillo”, a quien todavía consideran presidente de Perú y ven como “víctima de un antidemocrático hostigamiento”.
En un comunicado conjunto, los cuatro gobiernos aseguraron que Castillo está siendo “objeto de un tratamiento judicial de la misma manera violatorio” y pidieron que se respete la “voluntad ciudadana” expresada en las urnas por el pueblo peruano.
Con ese llamado, además, piden a “quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio” y a las autoridades que “respeten a cabalidad los derechos humanos del presidente Pedro Castillo y que se le garantice la protección judicial”.