El presidente Pedro Castillo solicitó al Congreso de la República la delegación de facultades extraordinarias por 120 días, para legislar en materias tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica, a fin de impulsar el crecimiento y contribuir al cierre de brechas sociales mediante el acceso a programas y servicios que brinda el Estado.
Tal como informa el diario oficial El Peruano, el gobierno ha enviado un proyecto de ley al Parlamento, para poder legislar en materia tributaria se busca ampliar la recaudación fiscal, que permita generar mayores ingresos para sectores claves como salud y educación, a fin de reducir las inequidades existentes, sobre todo, en el interior del país.
Para tal fin, se plantea modificar la Ley del Impuesto a la Renta (IR); uniformizar el costo por el acceso a la estabilidad jurídica; crear un régimen simplificado de IR para empresas de menor tamaño; modificar la Ley del Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto Selectivo al Consumo y la Ley para la lucha contra la evasión y la formalización, entre otros.
Asimismo, modificar la Ley de Regalía Minera, la ley que crea el Impuesto Especial a la Minería y la ley que establece el gravamen especial a la Minería, a fin de reflejar de manera más adecuada los beneficios de la actividad minera y la revisión del monto efectivamente pagado por regalía minera, impuesto especial a la minería y gravamen especial a la minería para efectos del IR.
En materia financiera se asumirán medidas para fortalecer y ampliar las funciones del Banco de la Nación; fomentar una mayor competencia en la prestación de transportes y custodia de dinero y valores; adecuar la normativa aplicable a las empresas del sistema financiero relacionadas a la composición del patrimonio efectivo; incrementar el tope de multas que puede imponer la Superintendencia de Banca y Seguros y fomentar una mayor competencia de las entidades que están bajo su supervisión.
Reactivación económica
En el área de reactivación económica se piden facultades para promover la inversión privada facilitando la tramitación de procedimientos a cargo de entidades del Estado; modificar el marco legal del mecanismo obras por impuestos y mejorar los criterios y reglas aplicables a las modalidades de asociaciones público-privadas y proyectos en activos.
Asimismo, disposiciones especiales para la tramitación o prórroga de licencias, permisos y autorizaciones, y medidas para el fortalecimiento de la administración financiera del sector público.
En las disposiciones transitorias, el proyecto de ley señala que el Ministerio de Economía y Finanzas informará a la Comisión de Presupuesto del Congreso las transferencias de partidas hechas con cargo a la incorporación de los recursos provenientes de la mayor recaudación tributaria, dentro de los 45 días calendario después del cierre del año fiscal 2022.
Los ministerios competentes en el cierre de brechas sociales prioritarias, a su vez, informarán a la Comisión de Presupuesto, durante los tres primeros meses del 2023, los avances en el cierre de brechas que se financiarán con cargo a los recursos obtenidos con estas medidas.
En su presentación del lunes ante el pleno del Congreso, para solicitar el voto de confianza, la titular de la PCM, Mirtha Vásquez, adelantó que se presentaría esta solicitud.
En su momento, el ministro de Economía, Pedro Francke, también dio cuenta de este pedido de facultades, e incluso adelantó que este proceso contaría con el apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI).