El decreto supremo emitido anoche por la Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo que regula los servicios de tercerización carecería de fundamentos técnicos y constituiría un duro golpe para los trabajadores formales del país, contratados bajo esta modalidad, que se encuentran hoy frente a la posibilidad de perder sus empleos o transitar hacia la informalidad.
Gobierno modifica la tercerización: ¿a quiénes afectará y por qué?
«De igual manera, es un perjuicio para las empresas pequeñas, medianas y grandes, las cuales contratan diversos servicios especializados y verán incrementados sus costos de producción», afirma un comunicado de la Confiep.
Para la Confiep, esta norma, incluso, constituye una barrera para muchas empresas e instituciones del Estado que demandan servicios de terceras empresas para llevar a cabo diversas actividades, como es el caso del transporte de activos a diversas regiones del Perú o la ejecución de programas sociales que benefician a millones de personas.
«El principal problema de la norma es que prohíbe, asumiendo que todas las empresas abusan, cuando esto no es correcto y se resuelve con mejor supervisión y no con prohibiciones», indica.
Como se sabe, la tercerización es una herramienta para organizar la producción de bienes y servicios, que, según los gremios empresariales, se refleja en mejores precios y mayor competencia en beneficio del consumidor.
Gobierno modifica la tercerización: ¿a quiénes afectará?
«La rigidez que impone la norma quitará esta flexibilidad y, por lo tanto, se afectará a los ciudadanos en su conjunto, quienes enfrentarán una nueva alza de precios en tarifas de servicios públicos como electricidad, gas, agua, telefonía y otros bienes y servicios», asevera el comunicado.
Para la Confipe, «se pone en evidencia el perjuicio generado por el gobierno tras la separación de profesionales con capacidad en gestión pública y la renuncia de muchos funcionarios que, como protesta, han denunciado nombramientos a dedo de personas sin experiencia e incluso cuestionadas en su integridad, tanto en los ministerios como en las instituciones y dependencias del Estado».