El gerente de Asuntos Corporativos de Minera Poderosa, Pablo de la Flor, explicó, en su exposición «Los desafíos de la minería ilegal» durante el Encuentro Minero del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), que después de 12 años apenas 12,000 mineros completaron el proceso de formalización. Esto representa solo el 20% de los Reinfos vigentes, dejando al 80% en suspensión.
La situación es aún más preocupante al considerar que el 90% de los Reinfos suspendidos lo están desde hace más de un año. Lo que evidencia un proceso de formalización claramente fallido.
Distribución de Reinfos y derechos
De la Flor detalló que casi el 70% de los Reinfos se encuentran sobre derechos mineros vigentes, mientras que el 26% están sobre derechos extinguidos. De aquellos con Reinfo sobre derechos vigentes, solo el 8% son titulares, es decir, dueños del derecho minero. Esto deja al 92% operando sobre derechos mineros de terceros.
Dentro de este grupo, apenas el 27% están sobre concesiones de mediana o gran minería, mientras que el 73% restante operan sobre concesiones de pequeña minería o minería artesanal. Este dato es clave, ya que revela que el principal conflicto de los mineros informales es con otros pequeños mineros o mineros artesanales que son propietarios de estos derechos.
Impacto económico de la minería ilegal
La minería ilegal genera una pérdida del 2.5% del PBI, lo que equivale a S/23,760 millones anuales en costos directos e indirectos. Estos costos se desglosan en un 64% de producción, 13% en salarios, 9% en pérdida de productividad, 8% en costos ambientales y 6% en costos fiscales.
Lo datos muestran la necesidad de abordar la minería ilegal no solo desde una perspectiva de regulación, sino también considerando su impacto económico y social.
El rol del gobierno
El proceso de formalización minera requiere una revisión profunda y reformas significativas para ser efectivo. Es imperativo que el gobierno implemente políticas más eficientes y menos burocráticas que faciliten la formalización de los mineros. Además, es crucial que se fortalezca la supervisión y se brinden incentivos para que los mineros informales opten por la formalización.
La minería es una actividad vital para la economía del Perú, y su formalización adecuada podría aumentar significativamente los ingresos fiscales y mejorar las condiciones laborales y ambientales.