El gobierno peruano suspendió por 60 días los pagos correspondientes al programa de conversiones vehiculares a gas natural (GNV), como parte de las medidas de emergencia activadas tras la rotura del ducto del proyecto Camisea, ocurrida el 1 de marzo.
La disposición busca aliviar la situación de los transportistas que ya no pueden abastecerse de GNV y han debido migrar forzosamente a gasolina, combustible que eleva sus costos operativos de aproximadamente S/ 600 a S/ 2,100 mensuales por vehículo.
335,000 unidades livianas operan con GNV en el país, según datos del sector. La mayoría están concentradas en Lima, donde el desabastecimiento ha sido total desde la primera semana de marzo.
El incidente en Camisea también paralizó la generación eléctrica a gas, que representa más del 40% de la electricidad del país. Las centrales térmicas debieron reemplazar el gas por diésel, un combustible hasta cinco veces más caro, con un costo estimado de US$ 200 millones diarios en sustitución de energía.
Analistas advierten que, si la paralización supera los 14 días estimados para la reparación del ducto, el impacto podría restar al menos medio punto porcentual al PBI y abrir la puerta a un escenario de estanflación, combinación de contracción económica con alza de precios.
La crisis desnudó además una vulnerabilidad estructural del sistema energético: una sola tubería abastece a Lima, donde se concentra el 83% del consumo nacional de gas.