Petroperú atraviesa una situación crítica, debido a que la petrolera no puede adquirir más deuda ni generar los ingresos mínimos para cubrir las obligaciones financieras que ya tiene. Por ello, es clave que el Gobierno siga las recomendaciones del actual directorio, que incluyen la entrada de un gestor privado, acelerar la venta de activos y reducir al menos un tercio de la plantilla laboral.
Petroperú: Resultados financieros
Los resultados financieros de Petroperú son preocupantes, en gran parte debido a un endeudamiento irresponsable que provoca la situación crítica actual . Al cierre del segundo trimestre de 2024, la empresa estatal tenía una ratio de endeudamiento de 7.5, lo que significa que sus deudas superan siete veces el valor de sus recursos propios, según los informes financieros de la empresa.
Para tener una referencia, una ratio de endeudamiento saludable debe estar entre 0.4 y 0.6, según el BBVA. En el caso de Petroperú, esta ratio pasó de 2.7 en 2019 a la actual, lo cual se debe a un incremento en su deuda de 4,149 millones de dólares en los últimos cinco años.
Además, Petroperú no puede cumplir con sus obligaciones inmediatas. En el segundo trimestre de 2024, registró una ratio de liquidez de 0.3, lo que indica que solo puede cubrir un tercio de sus compromisos a corto plazo.
Por lo tanto, lo habitual sería poder cubrir estos compromisos completamente y sin depender de constantes transferencias estatales. Ambos indicadores muestran el deterioro financiero de la empresa en los últimos años.
Situación crítica en Petroperú: Alternativas
Frente a este panorama, el directorio planteó tres alternativas para afrontar la crisis:
La primera opción implica un nuevo rescate financiero por parte del Estado, mientras que la segunda contempla la liquidación de la empresa. Ambas alternativas tendrían un impacto negativo tanto en la economía peruana como en la credibilidad internacional del país.
La liquidación, en particular, podría generar un debilitamiento institucional, además de complicaciones políticas y económicas, como demandas de los acreedores, según el directorio.
La tercera opción, considerada la más viable, propone una reestructuración completa de la empresa. Este plan incluye la contratación de una Oficina de Gestión de Proyectos (PMO, por sus siglas en inglés), que sería responsable de las operaciones regulares de Petroperú. Además, se contemplan medidas de austeridad, como la reducción de un tercio del personal, y la venta de activos, como el edificio de San Isidro.
Es importante resaltar que Petroperú fue creada con el objetivo de garantizar el abastecimiento de combustibles en el país, logrando en sus inicios una importante participación en el mercado.
Sin embargo, esta participación disminuyó drásticamente en los últimos años. En 2017, la empresa abastecía el 50% del mercado interno, pero para junio de 2024, su contribución se redujo al 24%. Esta caída refleja la presencia de empresas privadas con mayor capacidad operativa que no han podido ingresar al mercado debido al dominio de Petroperú.
Además, la empresa estatal mostró deficiencias en algunos de sus proyectos, como la Nueva Refinería de Talara. Este megaproyecto, que originalmente se consideraba clave para la modernización de la empresa, ha generado costos adicionales que superan los S/1,100 millones, según un informe de la Contraloría, convirtiéndose en una carga financiera para el Estado.
