Un grupo de 300 policías ingresó este 21 de enero a la Universidad Mayor de San Marcos (UNMSM) con el encargo de desalojar a los cientos de manifestantes del sur del país que se encontraban pernoctando en la casa de estudios, después de que el recinto fuera tomado por el gremio estudiantil.
Después de derribar las rejas y uno de los muros de la puerta número 3 del campus, los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) accedieron a la ciudad universitaria y detuvieron a más de 200 personas, entre manifestantes y estudiantes.
Lucía Garay, la secretaria de Bienestar Universitario de la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM), denunció que los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP), tras la intervención, se llevaron las donaciones que fueron recolectadas para ayudar a los protestantes.
«Durante la intervención y a lo largo del día de ayer, y antes de ayer, lo que han venido realizando justamente las autoridades, la Policía, es llevarse las donaciones. […] Como se ha podido ver en algunos videos, la Policía estaba llevándose donaciones de los compañeros de provincia, sin si quiera poder respetar ello», declaró en una entrevista.
La secretaria también anunció que se hizo un inventario sobre los donativos que recibieron y se determinó que, luego del operativo policial, faltó ubicar el paradero de aproximadamente el 20 a 30% de los recursos.
Críticas ante el accionar de la PNP
Además, Garay afirmó que la rectora de la Universidad, Jerí Ramón, es la responsable de que la policía haya ingresado a las instalaciones. Ante ello, la directora manifestó lo siguiente: “No podíamos dejar de denunciar lo que estaba pasando en San Marcos en atribuciones al derecho a la institución”.
En esa línea, criticó que se afirmara que los manifestantes de provincia no podían permanecer en las instalaciones de la universidad porque presuntamente dañaban el patrimonio y resaltó que «el ingreso de la Policía ha dañado en magnitudes mucho más grandes el tema de la infraestructura«.
La representante de la FUSM concluyó comentando que se convocará al Consejo Universitario y a una Asamblea con el fin de determinar si la rectora continuará en el cargo y para tomar, conjuntamente, las acciones pertinentes en cuanto a las medidas legales.