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Familias de fallecidos en protestas exigen reparaciones civiles al gobierno de Dina Boluarte

El pedido está respaldado por expertos en derechos humanos que estudian la violencia actual en el Perú.
Por Redacción Infomercado

Más de 50 personas han muerto y más de 500 policías han resultado heridos en Perú en medio de la represión policial durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Los familiares de las víctimas mortales hoy exigen reparaciones civiles.

En su discurso ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), la presidenta se comprometió a investigar los casos de abusos policiales y violaciones de derechos humanos contra manifestantes en las protestas. «Si se han cometido excesos en el uso de la fuerza para restablecer el orden interno, se investigará y se procesará a los responsables», prometió Boluarte.

La Policía Nacional, en tanto, dice que sus tácticas coinciden con los estándares internacionales. Pero una misión de investigación a Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio cuenta de heridas de bala halladas en la cabeza y la parte superior del cuerpo de las víctimas civiles durante las protestas, áreas que los agentes del orden deben evitar para preservar la vida humana.

De acuerdo con las directrices emitidas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “el uso de armas de fuego para dispersar una reunión siempre es ilegal”.

Reparaciones para víctimas mortales

Ruth Bárcena, esposa de Leonardo Hancco, una de las víctimas mortales en Ayacucho en diciembre pasado, exige al gobierno de Dina Boluarte que asuma su responsabilidad. Ella decidió encabezar un grupo de familiares de muertos y heridos para apoyar la investigación de la fiscalía y exigir una reparación civil.

Los que murieron eran personas inocentes, [las fuerzas de seguridad] no tenían derecho a quitarles la vida. Sé qué tipo de persona era mi esposo; era humilde, amaba la vida, lo daba todo por su familia. Un luchador. A pesar de ser un campesino, nunca bajó la cabeza”, dijo Bárcena a CNN.

Su afirmación está respaldada por expertos en derechos humanos que estudian la violencia en el Perú. Percy Castillo, Defensor del Pueblo Adjunto para los Derechos Humanos y las personas con discapacidad en Perú, le dijo a CNN, después de estar en el terreno en Ayacucho, que su oficina apoya la creación de un mecanismo de reparación para estas familias en situación de pobreza.

También apoya tales medidas Joel Hernández García, comisionado de la CIDH, quien le dijo a CNN que las reparaciones para las víctimas era uno de los tres pasos necesarios para solucionar la crisis del país.