Un reciente estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE) reveló que la poca capacidad del Gobierno peruano para invertir y desarrollar acciones estratégicas frente al crimen y la inseguridad ciudadana genera severas consecuencias económicas para la ciudadanía.
Según cálculos del IPE, sobre la base de información del Índice de Paz Global del Instituto para la Economía y la Paz, «la inseguridad y crimen estarían generando pérdidas cercanas a S/ 1,340 por año a cada peruano».
Además de los costos directos de los delitos, como el aumento de personal policial, los gastos judiciales y penitenciarios, entre otros, la delincuencia también tiene repercusiones indirectas, como la pérdida de productividad debido a daños físicos y psicológicos, así como la disminución de los ingresos debido a la criminalidad.
Lugares con mayor inseguridad
Asimismo, se registró un aumento acelerado de los delitos en áreas urbanas densamente pobladas. En las principales ciudades con una población de hasta 300,000 habitantes, la tasa de victimización ha aumentado significativamente en un 8.6% durante el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2021 y 2022. Este incremento es más del doble del promedio observado en el área urbana en general, pasando del 16.5% al 25.1%.
Asimismo, en las principales ciudades con una población superior a los 300,000 mil habitantes, se ha observado una tendencia similar, aunque algunos lugares han experimentado un aumento alarmante en los niveles de victimización, superando incluso los niveles previos a la pandemia. Destacan entre ellos Pucallpa (26%), Tarapoto (23.2%), Piura (25.8%) y Trujillo (27.7%).
Poca ejecución de presupuesto
El presupuesto para inversión pública del Ministerio del Interior (Mininter) disminuyó mucho en los últimos dos años (2021-2022), pues fue de S/ 323 millones, fue muy por debajo del promedio 2016-2018 de S/ 469 millones.