El cierre de 2025 evidenció que la inversión pública destinada a la prevención de desastres naturales en el Perú alcanzó un nivel de ejecución promedio de 72%, lo que dejó sin uso cerca de una cuarta parte de los recursos asignados para reducir vulnerabilidades frente a fenómenos climatológicos extremos.
Este resultado se da en un contexto en el que más de 3 millones de peruanos se encuentran expuestos a riesgos altos o muy altos de inundaciones y deslizamientos, según estimaciones del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred).
Avances regionales desiguales
Según detalló el Instituto Peruano de Economía (IPE), La ejecución presupuestal mostró diferencias significativas entre regiones. Mientras algunos gobiernos regionales superaron el 90% de avance en proyectos de gestión de riesgos, otros no alcanzaron el 70%.
En Apurímac, por ejemplo, la ejecución fue de 67.2%, lo que dejó sin uso más de S/316 mil de los S/965 mil destinados a mitigación. En contraste, regiones como La Libertad y Arequipa lograron niveles superiores al promedio nacional.
Los gobiernos locales, responsables de más de la mitad de los recursos en esta función, registraron los menores avances, con un promedio de 74%.
En varias municipalidades, más del 40% de los proyectos permanecieron detenidos por más de dos años, sin ejecución de recursos en ese periodo.
Inversión pública general
En términos globales, la inversión pública nacional cerró 2025 con una ejecución de 85.1%, lo que significó que se dejaron de utilizar más de S/8,000 millones de los recursos asignados.
El Gobierno Nacional alcanzó un promedio de 91.9%, mientras que los gobiernos regionales llegaron a 94.4%. Los gobiernos locales, en cambio, se ubicaron en 75.9%, lo que explica gran parte de la brecha.
Sectores como salud y saneamiento mostraron rezagos importantes. En varias regiones, proyectos de infraestructura hospitalaria y ampliación de servicios de agua potable registraron avances mínimos, pese a que las brechas de acceso siguen siendo significativas.
Perspectivas para 2026
El presupuesto destinado a gestión de riesgos y emergencias se incrementa en 2026 a más de S/1,200 millones a nivel nacional. El reto será asegurar una ejecución eficiente y oportuna, especialmente en regiones con alta exposición a lluvias intensas y desbordes.
Expertos en inversión pública señalan que mecanismos como las Asociaciones Público-Privadas y las Obras por Impuesto pueden contribuir a acelerar proyectos de infraestructura resiliente y preventiva.