La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) lanzó una campaña dirigida a los contribuyentes que declaran su domicilio fiscal como alquilado. Su objetivo es que estos contribuyentes proporcionen la documentación que respalde dicha afirmación, asegurando que los arrendadores cumplan con el pago del Impuesto a la Renta (IR) generado por los alquileres.
Sunat solicita a los inquilinos que presenten el contrato de alquiler, comprobantes de pago y constancias de pago, documentos necesarios para verificar la veracidad de sus declaraciones y asegurar la recaudación adecuada de impuestos.
Dueños de alquileres bajo la mira de Sunat
Esta campaña no implica el inicio de un procedimiento de fiscalización para los contribuyentes que pagan alquileres. La responsabilidad del pago del IR por las rentas generadas del arrendamiento recae sobre el arrendador. Sunat basa su verificación en dos fuentes principales:
- La declaración en la ficha RUC (Registro Único de Contribuyentes)
- Los gastos declarados por el contribuyente por concepto de pago de arrendamiento.
Es crucial que la información presentada sea precisa y completa. Los contratos de arrendamiento deben estar legalizados. Deben existir recibos de arrendamiento y los pagos deben estar bancarizados para deducir los gastos de arrendamiento.
Por su parte el socio del estudio Olaechea, Michael Morales, explicó que Sunat busca identificar a los arrendadores incumplidores dirigiéndose a los arrendatarios. La entidad exige que todos los contribuyentes registren su domicilio fiscal en el RUC, especificando si es propiedad propia o alquilada.
Los arrendatarios que declaran su domicilio fiscal como alquilado reciben cartas solicitando documentos que verifiquen la veracidad de su declaración. Entre los documentos solicitados están:
- El contrato de arrendamiento con fecha cierta (notarialmente legalizado).
- Formularios de pago del impuesto a la renta.
- Cualquier otra documentación que acredite la ocupación del inmueble.
- Detalles específicos del arrendador, como nombre, razón social, tipo y número de documento, fecha del contrato, moneda, importe del alquiler y forma de pago.
Sunat busca aumentar la recaudación de rentas de arrendamientos, una área con alto nivel de evasión tributaria. Al dirigirse a los arrendatarios, busca identificar a los arrendadores incumplidores y verificar que los gastos declarados por los arrendatarios sean legítimos.
Gastos de arrendamiento
Para que un arrendatario pueda deducir el gasto de arrendamiento, el contrato debe tener fecha cierta (legalizado notarialmente). Además, el arrendador debe emitir el formulario 1683, que sustenta el pago del IR por el arrendamiento, actuando como una factura que valida el gasto de arrendamiento.
Los gastos de arrendamiento deben registrarse en la contabilidad del arrendatario, incluyendo anotaciones de los pagos de alquiler en los asientos contables. La contabilidad electrónica, accesible a Sunat, debe reflejar estos gastos para que sean deducibles. Los pagos de arrendamiento deben realizarse bancarizadamente, permitiendo a Sunat rastrear estos movimientos a través del ITF (Impuesto a las Transacciones Financieras).
Los recibos de servicios (agua, luz) pueden estar a nombre del arrendador. Sin embargo, el arrendatario puede deducir estos gastos si el contrato especifica que los paga el arrendatario y está legalizado notarialmente.
¿Qué pasa si no pago los impuestos de arrendamiento?
La omisión en el pago de impuestos por parte del arrendador tiene consecuencias para ambos, arrendador y arrendatario.
Si el arrendador no paga el impuesto, el arrendatario no puede deducir el gasto de arrendamiento por falta del formulario 1683. El arrendador enfrentará intereses moratorios del 1.9% mensual y multas por no haber presentado las declaraciones correspondientes.
En casos extremos, si el arrendador no responde a los requerimientos de Sunat, la administración tributaria puede emitir resoluciones de determinación u órdenes de pago. Lo que podría llevar al embargo de cuentas bancarias. Este proceso incluye notificaciones y la oportunidad para que el arrendador efectúe sus descargos antes de aplicar medidas coercitivas.