La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) enfrenta un déficit presupuestal estimado en S/3,000 millones para el 2025, situación que ha generado la paralización de 22 proyectos de infraestructura a nivel nacional.
Las obras detenidas corresponden principalmente a defensas ribereñas, establecimientos de salud y centros educativos, con mayor impacto en regiones del norte del país.
Un déficit de S/3,000 millones con cobertura parcial en 2025
La ANIN registra un déficit presupuestal aproximada de S/3,000 millones para el 2025. De ese monto, a la fecha se ha cubierto alrededor de S/510 millones, según información de la SNCI.
César Candela, representante del gremio, indicó para Infomercado, que el Gobierno emitió dos decretos supremos por S/300 millones y S/203 millones, respectivamente, montos que en conjunto representan cerca del 17% del déficit total identificado para el presente año. “No es suficiente para reactivar las obras”, señaló.
Paralización de 22 proyectos a nivel nacional
La falta de recursos ha provocado la paralización inmediata de 22 proyectos de infraestructura en distintas regiones del país. De acuerdo con la SNCI, la suspensión afectó de manera directa a obras de defensas ribereñas, corredores fluviales, colegios y hospitales.
Candela precisó que algunas de las defensas ribereñas detenidas presentaban altos niveles de avance. “Varias obras estaban cerca del 90% de ejecución”, indicó, al referirse a los proyectos considerados de mayor riesgo.
Defensas ribereñas en el norte concentran la mayor afectación
Entre las obras más comprometidas se encuentran proyectos de defensas ribereñas en la región Lambayeque. En esa zona se reporta la paralización parcial de los trabajos en los ríos Olmos y Zaña, un proyecto valorizado en S/1,200 millones, así como retrasos en los ríos Motupe y La Leche, que mantienen una deuda pendiente de S/70 millones.
Según la SNCI, la paralización de estas obras incrementa el riesgo ante eventuales lluvias intensas. En el caso del río Motupe, más de 50,000 ciudadanos podrían verse afectados si las defensas ribereñas no se concluyen a tiempo.
Retenciones de pago afectan la cadena de pagos del sector construcción
La SNCI informó que la paralización de proyectos ha generado valorizaciones vencidas y pagos pendientes a empresas contratistas y subcontratistas. Uno de los casos identificados corresponde a la defensa ribereña del río Matagente, en la región Ica, donde se mantiene retenido un monto aproximado de S/34 millones.
De acuerdo con Candela, la falta de pago ha afectado la liquidez de las empresas y ha generado paralización de maquinaria, ejecución de cartas fianza y reducción de personal. “Cuando no se paga una obra, se afecta a toda la cadena de pagos”, afirmó.
Obras detenidas afectan servicios de salud y educación
El déficit presupuestal de la ANIN también ha impactado proyectos del sector salud. Entre ellos se encuentra la suspensión del suministro e instalación de equipamiento biomédico en el Hospital Provincial de Cascas II-1, en La Libertad, y en el Hospital de Apoyo Recuay II, en Áncash.
En el sector educación, la paralización de colegios ha retrasado la entrega de infraestructura escolar en diversas localidades del norte del país, donde los proyectos se encontraban en ejecución.
Riesgo de arbitrajes y mayores costos fiscales
La SNCI advirtió que la paralización prolongada de obras podría derivar en la resolución de contratos y en procesos de arbitraje contra el Estado. Según el gremio, estos escenarios generarían costos adicionales que serían asumidos por el sector público en los próximos años.
Candela señaló que el incumplimiento de compromisos contractuales también afecta la confianza de empresas nacionales y extranjeras que participan en proyectos de infraestructura.
SNCI solicita una asignación adicional de recursos
Frente a este escenario, la SNCI solicitó al Ejecutivo una asignación adicional de entre S/600 millones y S/700 millones en el corto plazo, con el objetivo de alcanzar una cobertura cercana a S/1,200 millones y permitir la reanudación de los proyectos paralizados.
El gremio indicó que también se requiere una definición clara sobre qué proyectos cuentan con presupuesto asegurado, a fin de evitar nuevas contingencias financieras en los periodos 2026 y 2027.