La Contraloría General detectó 12 casos de transferencias fraudulentas desde entidades públicas hacia empresas inexistentes o con las que no tienen contratos suscritos que involucran pérdidas al fisco por S/23 millones.
Según ese organismo, todas esas transacciones “fantasma” contaron con la autorización del SIAF (Sistema Integrado de Administración Financiera), a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
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Entes involucrados
El contralor Nelson Shack refirió que entre los entes involucrados figuran las municipalidades de Ventanilla, de Villa María del Triunfo, el municipio provincial de Padre Abad y el municipio de Manantay, así como el gobierno regional de Tumbes.
Hay 22 funcionarios involucrados en esos casos. Una situación similar se habría detectado en la Municipalidad de San Borja.
El contralor advirtió que este tipo de transferencias es un modus operandi que se está empezando a replicar debido a una serie de dificultades o debilidades en el control interno y problemas de rigurosidad en las áreas de tesorería.
Por esa razón, añadió que han advertido de esta situación formalmente al MEF, y solicitado reunirse con el ministro de Economía, Pedro Francke, para que formule soluciones para impedir (se repita) estas situaciones.
Shack informó que tiene un avance del 60 y 70% los procesos de auditoría que realiza la Contraloría a los contratos de concesión de la Autopista del Sol (que preveía compromisos de inversión por US$ 252 millones).
Además, del tramo 2 de la Carretera Longitudinal de la Sierra (por US$ 270 millones).
Mecanismo de control
El especialista indicó que han diseñado un mecanismo que le permitirá a la Contraloría realizar diversas auditorías a los procesos de contratación que realizó Petroperú para concretar su proyecto de la nueva refinería de Talara.
Indicó que se analiza el contrato que suscribió Petroperú con Técnicas Reunidas (dedicada a la construcción de las unidades de proceso de la refinería), así como el contrato con la empresa Cobra (a cargo de la construcción de las unidades auxiliares).
“El proyecto está costando más de US$ 5,700 millones; en el gobierno de Ollanta Humala se dijo que costaría US$1,350 millones, eso significa que hay una serie de adendas y cosas que se tienen que analizar”, apuntó.
Evaluación a funcionarios
Los hallazgos de presuntas irregularidades en los recientes nombramientos de funcionarios públicos en sectores como el MTC, Vivienda o Cultura, es una situación que recién comienza, a juzgar por declaraciones de Nelson Shack.
Explicó que hay 20 sectores (19 del Ejecutivo, más el Congreso) donde se evaluarán los perfiles de los funcionarios designados o que se vayan designando durante los siguientes tres meses.
Dentro de los 19 sectores del Gobierno, precisó que hay cerca de 350 entidades que están siendo objeto de un control permanente, porque, se prevé que, en todas ellas se empezarán a nombrar funcionarios en ese lapso.
“El informe consolidado (sobre las designaciones) va a demorar unos tres meses, vamos a ver a quién nombran, y evaluar la pertinencia de esa designación, ahora estamos en proceso de dar la alerta si han designado mal”, acotó.