La Contraloría General identificó 373 responsabilidades de tipo penal, civil o administrativa en 204 funcionarios y servidores públicos.
Ello, debido a un mal uso de los recursos del Estado y otras irregularidades en la ejecución de obras y servicios, como resultado de sus informes de control posterior en diferentes entidades de la región Piura durante el 2020.
Esta información se puede en la plataforma virtual Velocímetro de los servicios de control que permite la consulta y observación en línea de la producción del control gubernamental.
Las personas comprendidas en los informes han actuado de manera irregular en procesos de elaboración de expedientes técnicos, contratación de personal, adjudicaciones, ejecución y supervisión de obras o servicios.
Especialmente como rehabilitación de caminos vecinales, reparación de canales y mejoramiento de infraestructura educativa.
Además, se ha evidenciado una mala utilización de los recursos públicos en pagos que no están acordes a la norma.
Informes de control
Por su parte, de enero a diciembre de 2020, la Gerencia Regional de Control de Piura y los órganos de control institucional de su ámbito emitieron un total de 1102 informes.
De los cuales 957 son de tipo control simultáneo, 142 de control posterior y 03 de control previo.
Solamente en informes de auditoría de cumplimiento y control específico se ha identificado un perjuicio económico superior a los S/ 24 millones en 23 entidades públicas, informó el gerente regional de Control de Piura, Joan Ramírez.
Pese a las dificultades por la pandemia del COVID-19, los auditores continuaron su labor en los 65 distritos del departamento.
Incluso reforzaron los servicios relacionados a la emergencia sanitaria.
Para ello desplegaron acciones en hospitales, centros de salud, comisarías, penales y otros, a fin de verificar que los recursos transferidos sean bien utilizados.
Entre los informes de control posterior destaca la Auditoría de Cumplimiento N° 10097-2020-CG/GRPI-AC en la Municipalidad Distrital de Salitral (Morropón).
Ocho personas están comprendidas en el informe con presunta responsabilidad penal y administrativa.
En otro informe de Auditoría de Cumplimiento N° 005-2020-2-0739 se determinó irregularidades en el procesamiento de la planilla de haberes del personal administrativo de la UGEL Sullana.
Once exfuncionarios tienen presunta responsabilidad penal por el perjuicio de S/ 1 505 992,01.
Asimismo, se identificó que funcionarios de la Municipalidad Distrital de Cristo Nos Valga (Sechura) cobraron cheques que fueron emitidos a su nombre para pagos de valorizaciones de obras y adelantos directos, los cuales ya habían sido cancelados.
El perjuicio económico asciende a S/ 916 653,26.
También se detectó el pago en exceso de más de S/ 2.2 millones por parte de la Municipalidad Distrital de Huarmaca (Huancabamba).
Además, en el informe de Control Específico N° 9751-2020-CG/GRPI-SCE, se evidenció un incremento del costo del expediente técnico para la reparación del dren Sullana.
Según el informe, cuatro exfuncionarios de la Municipalidad Provincial de Piura causaron un perjuicio económico a la entidad por S/ 3 603 283,42.
Programación 2021
La agenda para el presente año en Piura es realizar un total de 71 controles posteriores, 10 auditorías de cumplimiento y 61 servicios de control específico, y 161 servicios de control concurrente en diversas entidades de las ocho provincias de la región.
También seguirá usando las estrategias digitales durante el 2021 para involucrar la participación ciudadana a través del curso “El control social en tus manos”.
Además, se darán las audiencias públicas “La Contraloría te escucha”, las cuales permiten capacitar y escuchar a los ciudadanos.
También se continuará desplegando los Mega Operativos de Control Regional orientado a reducir el impacto de la corrupción y la inconducta funcional.
Para este año se han programado intervenciones en 12 regiones, siendo una de ellas Piura.
A través de esta nueva estrategia de control con enfoque territorial, cientos de auditores serán desplazados hacia las regiones en mención para ejecutar, de manera priorizada y focalizada, servicios de control simultáneo y posterior en las entidades públicas de las regiones, a nivel de gobierno nacional, regional y local (municipios).
Balance nacional 2020
En el 2020, la Contraloría General identificó 10 248 presuntas responsabilidades penales, civiles y/o administrativas, que corresponden a 6 024 funcionarios o servidores públicos. Cabe precisar que un funcionario o servidor podría estar identificado por un mismo hecho irregular en más de una responsabilidad.
En el año anterior, la entidad fiscalizadora registró 26 064 servicios de control concluidos (previo, simultáneo y posterior), de los cuales 7 053 corresponden al gobierno nacional, 3876 a gobiernos regionales y 15 135 a gobiernos locales.
De esa cifra, 11 516 corresponde a informes de control realizados en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19.
