La estabilidad política del país atraviesa un nuevo momento de tensión tras la presentación formal de una moción de vacancia contra el presidente interino de la República, José Jerí Oré.
El documento fue ingresado oficialmente el lunes 26 de enero ante el Área de Trámite Documentario del Congreso, impulsado principalmente por el legislador Segundo Montalvo, integrante de la bancada de Perú Libre.
Esta iniciativa logró consolidar el respaldo de 27 parlamentarios, superando el mínimo del 20% de firmas requeridas para su presentación, gracias a la adhesión de diversas agrupaciones políticas, predominantemente de izquierda, como la Bancada Socialista, Juntos por el Perú, el Bloque Democrático Popular y algunos congresistas no agrupados.
Los encuentros clandestinos y el uso del vehículo presidencial
El fundamento principal que sostiene el pedido de destitución radica en una serie de reuniones no registradas oficialmente que el mandatario habría mantenido con el empresario de origen chino Zhihua Yang, quien es propietario de establecimientos comerciales en San Borja y proveedor del Estado.
Según el texto de la moción, estas juntas habrían ocurrido en diciembre de 2025 y enero del presente año sin figurar en el portal de transparencia de Palacio de Gobierno.
Se cuestiona severamente que el presidente haya intentado ocultar su identidad ante la ciudadanía mediante el uso de capuchas, lentes oscuros y morrales durante sus visitas a locales como el chifa Xin Yan o el Market Capón.
Además, los legisladores denunciantes resaltan que para estos traslados se habría utilizado el vehículo oficial conocido como el «Cofre», estableciendo paralelismos con situaciones polémicas protagonizadas por gestiones anteriores en lugares como Sarratea o los condominios de Mikonos.
Cuestionamientos a la gestión económica y el caso Petroperú
Otro de los pilares de la acusación se centra en el manejo de los recursos públicos y la emisión del Decreto de Urgencia 010-2025, el cual dispone una reorganización patrimonial de la empresa estatal Petroperú a través de ProInversión.
Los parlamentarios firmantes califican esta medida como un intento de privatización encubierta y denuncian transferencias financieras que consideran irregulares por un total de S/384 millones, desglosados en aportes provenientes del Ministerio de Energía y Minas y fondos destinados a ProInversión.
En el documento se argumenta que estos montos corresponden a fondos intangibles por ley y que la empresa no se encuentra en una situación de insolvencia estructural, ya que reportó un patrimonio neto de 2,200 millones de dólares al cierre del tercer trimestre de 2025.
Inseguridad ciudadana y falta de políticas públicas efectivas
La moción también hace énfasis en la crisis de inseguridad que afecta a la población, señalando que la administración de Jerí Oré carece de estrategias concretas para frenar el avance del sicariato y la extorsión, especialmente en sectores críticos como el de transportes.
Para los legisladores que promueven la vacancia, es inaceptable que el Gobierno priorice la transferencia de recursos sin sustento técnico sólido mientras el país se encuentra en un estado de emergencia constante debido al desborde de la criminalidad a nivel nacional.
Esta combinación de presuntas irregularidades financieras y la aparente desatención a la seguridad pública son presentadas como pruebas de una incapacidad moral para continuar en el ejercicio del mando.
El procedimiento legislativo y los plazos en el Parlamento
Debido a que el Congreso se encuentra actualmente en un periodo de receso y los parlamentarios cumplen con su semana de representación, el trámite de la vacancia podría demorar hasta el inicio de la legislatura en marzo.
Sin embargo, existe la posibilidad de acelerar el proceso si se logran reunir 78 firmas para convocar a un Pleno Extraordinario o si el propio mandatario decide realizar la convocatoria.
Una vez que el pedido sea tramitado en una sesión plenaria, se requiere el voto de al menos 52 congresistas para admitir la moción a debate. De alcanzarse dicha cifra, el presidente deberá ejercer su derecho a la defensa, ya sea personalmente o mediante un abogado, en una audiencia que se programará entre el tercer y décimo día posterior a la admisión.
Asimismo, para que la vacancia sea efectiva y se proceda a la destitución del cargo, se necesitará el respaldo de dos tercios del número total de congresistas, lo que equivale a 87 votos a favor