La Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República aprobó el pasado 17 de marzo un dictamen orientado a modificar la Ley General de Minería. La iniciativa legislativa establece un endurecimiento en las condiciones para mantener la titularidad de las concesiones mineras en el país, centrándose en la reducción de los plazos de caducidad y el incremento de los costos operativos por inactividad.
¿En qué consiste esta medida?
El cambio fundamental reside en el tiempo máximo que un titular puede conservar un derecho minero sin iniciar la fase de explotación.
Bajo el marco normativo actual, las empresas disponen de hasta 30 años para poner en marcha un proyecto, considerando un periodo inicial de 10 años y una extensión de 20 años adicionales sujeta al pago de penalidades o cumplimiento de metas de inversión.
La propuesta aprobada reduce este margen total a 15 años, manteniendo la década inicial, pero limitando el periodo de prórroga por penalidades a solo cinco años.
Si al cumplirse este nuevo plazo la concesión no registra producción efectiva, el derecho se extingue de forma automática.
Impacto económico en las concesiones mineras y nuevos esquemas de pago
El dictamen también introduce una reestructuración en el costo del derecho de vigencia. En lugar de la tarifa plana vigente, el Congreso plantea un esquema de cobros progresivos que oscilan entre los 3 y los 12 dólares.
Este monto se determinará en función de la extensión total de hectáreas acumuladas por un mismo titular, con el propósito de elevar la carga financiera por mantener grandes áreas sin actividad productiva.