El Consejo Fiscal encendió las alertas sobre las finanzas públicas peruanas tras constatar que el Congreso de la República aprobó, en menos de un mes, normas que generan un gasto adicional de al menos S/11,400 millones anuales. Si se suman otras medidas aprobadas a fines de 2025, el impacto total escalaría a S/15,000 millones por año.
La mayor presión proviene de la nivelación de pensiones para maestros jubilados, con un costo estimado de al menos S/8,000 millones anuales, seguida por la ampliación de beneficios para trabajadores CAS, que demandaría cerca de S/3,000 millones adicionales cada año.
A ello se suman cambios en el régimen pensionario militar y policial, cuyo costo total ascendería a aproximadamente S/15,000 millones.
Golpe inmediato al presupuesto de 2026
El efecto no es solo estructural. Solo en 2026, el gasto adicional no previsto superaría los S/6,500 millones, en un contexto donde el presupuesto ya contempla un aumento significativo en planillas y pensiones.
El organismo advirtió que este escenario eleva el riesgo de incumplir las reglas fiscales vigentes y reduce el margen de maniobra del Estado.
Para dimensionar el costo de oportunidad, el Consejo Fiscal señaló que el monto aprobado equivale a varias veces el presupuesto conjunto de programas como Pensión 65, becas educativas, alimentación escolar y lucha contra la desnutrición infantil.
Crítica al Ejecutivo por no actuar
Lo que el Consejo Fiscal subraya con especial énfasis no es solo el monto, sino la ausencia de contrapeso institucional. El Poder Ejecutivo no observó ninguna de estas leyes ni acudió al Tribunal Constitucional para cuestionar su viabilidad fiscal, dos mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición precisamente para estos casos.
Para 2026, el gasto no presupuestado derivado de estas normas superaría los S/6,500 millones, en un presupuesto que ya registra un alza pronunciada en planillas y pensiones. El margen de ajuste que le queda al Estado es mínimo.
«El deterioro fiscal será cada vez más difícil de revertir», advirtió el organismo, al señalar que las decisiones adoptadas comprometen tanto la estabilidad macroeconómica como el bienestar de largo plazo de la población.