La Comisión Permanente del Congreso aprobó en segunda votación la modificación del Código Penal, la ley contra el crimen organizado y la ley de procedimiento para adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones preliminares.
¿Por qué se exige la presencia de ambos?
Uno de los aspectos más polémicos del proyecto, presentado por el legislador Américo Gonza Castillo, es la exigencia de que los allanamientos de inmuebles se realicen con la presencia de la persona investigada y su abogado. Esta disposición fue duramente criticada, con detractores que argumentan que podría entorpecer las investigaciones criminales.
La expresidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, expresó su indignación en la red social X, afirmando que el Congreso está legislando a favor del crimen y los delincuentes.
«El Congreso dedicado a hacerle daño al país, legislando a favor del crimen y los delincuentes».
A su vez, Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado, advirtió que esta norma limitará significativamente la capacidad de actuar contra los narcotraficantes.
Nuevo concepto de organización
La nueva ley redefine el concepto de organización criminal. Describiéndola como cualquier grupo con una estructura compleja y mayor capacidad operativa, compuesto por tres o más personas de carácter estable o permanente.
Este grupo debe operar de manera concertada y coordinada, asignando roles específicos para cometer delitos graves sancionados con más de seis años de prisión. Ello, con el objetivo de controlar la cadena de valor de una economía o mercado ilegal para obtener un beneficio económico.
Críticas de gremios empresariales
Diversos gremios empresariales, incluyendo Adex, Agap, CCL, Capeco, Confiep, SNI y FTCCP, emitieron un comunicado conjunto cuestionando esta modificación.
Consideran que definir una organización criminal como aquella que controla la cadena de valor de un mercado ilegal es peligroso. Ya que podría excluir a quienes cometen delitos de extorsión, secuestro y asalto, que generan gran preocupación entre la población.
Además, critican que la nueva definición excluye a organizaciones involucradas en actos de corrupción si sus delitos no superan los seis años de prisión efectiva.