El Pleno del Congreso de la República del Perú aprobó recientemente una ley que modifica el régimen de Contratación Administrativa de Servicios con el propósito de ampliar los derechos laborales en el sector público.
Esta reforma normativa introduce cambios significativos en el Decreto Legislativo 1057 y establece el otorgamiento de beneficios económicos que representan un costo fiscal estimado de S/2,800 millones anuales según los informes técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas.
Nuevos beneficios para trabajadores CAS en el sector público
La legislación establece que los empleados bajo esta modalidad contractual tendrán derecho a percibir dos gratificaciones anuales coincidiendo con las festividades de Fiestas Patrias y Navidad.
Cada uno de estos desembolsos será equivalente a una remuneración mensual íntegra. De igual manera la norma incorpora el derecho a la Compensación por Tiempo de Servicios la cual se calculará sobre el cien por ciento de la remuneración mensual por cada año laborado.
Este beneficio acumulado se hará efectivo al momento de concluir el vínculo laboral del servidor con la entidad estatal correspondiente.
Respecto a la operatividad del sistema la modificación define tres categorías de contratos. En primer lugar, se encuentran los de plazo indeterminado para labores permanentes que se obtengan mediante concurso público.
En segundo lugar, están los contratos a plazo determinado destinados a suplencias o necesidades temporales con una duración máxima de un año fiscal y un límite de prórrogas de hasta cinco años.
Asimismo, se consideran los contratos de confianza vinculados directamente a funcionarios o directivos públicos.
Impacto fiscal y financiamiento de los beneficios para trabajadores CAS
El financiamiento de estas nuevas obligaciones laborales se realizará mediante modificaciones presupuestarias internas en las entidades de los tres niveles de gobierno previa opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas.
Aunque el texto aprobado señala que no se deben generar demandas adicionales al Tesoro Público el Ministerio de Economía y Finanzas advirtió que la medida implica un incremento real en las asignaciones presupuestarias necesarias para cubrir las planillas estatales.
La autoridad económica y el Consejo Fiscal manifestaron su preocupación por el alto costo de la norma la cual presiona la estabilidad de las finanzas públicas.
El Ministerio de Economía y Finanzas recordó que de acuerdo con el artículo 79 de la Constitución Política del Perú y el reglamento parlamentario las iniciativas legislativas no tienen facultad para crear ni aumentar el gasto público.
Por su parte la primera ministra Denisse Miralles indicó que se buscará el diálogo con el Congreso para abordar la viabilidad de este tipo de leyes.
Actualmente la normativa aprobada por el Parlamento se encuentra pendiente de promulgación por parte del presidente de la República José María Balcázar quien mantiene la potestad de observar la ley o proceder con su publicación oficial.
La medida también asegura que aquellos contratos que pasaron a ser indeterminados bajo la Ley 31131 mantendrán dicha condición legal.