Con el precio internacional del oro superando los US$5,000 la onza y exportaciones ilegales del metal que rozaron los US$ 12,000 millones en 2025, la minería ilegal en el Perú seguirá creciendo si no se atajan sus causas de fondo. La advertencia la formuló Marcelo Santillana, gerente general de Compañía Minera Poderosa, durante el seminario «Minería» organizado por ComexPerú.
«Las plantas, las procesadoras y los vendedores van a tratar de legalizar esa venta ilegal de oro, y con la corrupción que hay en el país les van a dar el permiso para que lo formalicen», afirmó Santillana. El ejecutivo agregó que la permisología —la acumulación de trabas burocráticas para la minería formal— también ha operado como un incentivo indirecto para quienes operan al margen de la ley. Poderosa, señaló, lleva 67 años conviviendo con el robo de su producción por parte de mineros ilegales.
El Reinfo, de solución a problema
Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) y VP Senior de Asuntos Corporativos de Sociedad Minera Cerro Verde, apuntó a otro factor: la expansión del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
Creado como un mecanismo temporal para regularizar a mineros informales, el registro no cumplió su objetivo y se convirtió, según Torreblanca, en «una carta blanca para que muchos ejerzan la minería ilegalmente, escudados con un papelito que dice Reinfo».
A esto se suma, detalló, la falta de control territorial del Estado, que impide hacer cumplir las leyes vigentes en zonas de alta actividad extractiva ilegal.
La apuesta por el sector formal
Guillermo Vidalón, superintendente de Relaciones Públicas de Southern Copper Corporation, planteó que combatir la minería ilegal exige una visión estratégica que vaya más allá del Estado. Su propuesta: ganarle terreno a la criminalidad ampliando la confianza en las empresas formales y facilitando el desarrollo de sus proyectos.
«Si la minería formal me representa una oportunidad, creo que esa es la ruta que debemos seguir», resumió Vidalón, quien sugirió mecanismos de declaración jurada para simplificar la relación entre el Estado y las mineras con trayectoria en el país.
El evento también contó con la participación de Rodolfo García Esquerre, alto comisionado para el Combate de la Minería Ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros, y representantes del Ministerio de Economía y Finanzas y Apoyo Consultoría.