La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó al Congreso a que elección del Defensor del Pueblo sea transparente y participativa, con candidatos idóneos para el proceso, para que dicha elección no sea cuestionado en su trayecto.
Así lo anunció en su informe titulado “Situación de Derechos Humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales”. En dicha publicación, se establece en la conclusión 25 lo siguiente: “adoptar medidas para asegurar que el proceso de selección de la persona titular de esta entidad sea participativo, transparente, pluralista y se base en los méritos y calidades profesionales de los(as) aspirantes”.
En esa misma línea, el organismo internacional pidió adoptar medidas de fortalecimiento institucional de la Defensoría del Pueblo por el papel que cumple en la sociedad, asimismo, dotarla de recursos humanos y materiales adecuados para su legítimo desempeño de sus funciones en las distintas provincias del país.
Cabe resaltar que, a partir del 9 de mayo, el Poder Legislativo decidirá quien liderará este órgano público, para esto se necesitarán 87 votos con el fin de sustituir a Eliana Revollar.
¿A qué se debe la recomendación?
El informe narra los hechos ocurridos entre el 7 de diciembre de 2022 y el 23 de enero de 2023.
Según el documento, durante las protestas producidas en el sur del país tras la salida de Pedro Castillo del poder, concluye que hubo grabes violaciones a los derechos humanos, registrando 57 muertos durante el actual gobierno de Dina Boluarte, producto de los enfrentamientos ocurridos entre civiles y las fuerzas del orden.
“De la información recibida en Lima, Ica, Arequipa y Cusco, se desprende que la respuesta del Estado estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza. Esto se confirma por factores como el alto número de personas fallecidas y heridas con lesiones en la parte superior del cuerpo por impactos de armas de fuego, incluyendo perdigones; así como por la ubicación de un número importante de víctimas que ni siquiera estaban participando de la protesta o se encontraban en las inmediaciones de los focos de conflictividad.”
En el caso de la región Ayacucho “se registraron graves violaciones de derechos humanos que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial”.
Situación que también se reflejó en Juliaca (Puno) donde “se habrían presentado situaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes del Estado, que habrían resultado en graves violaciones de derechos humanos en contra, tanto de participantes en las protestas, como de terceras personas. Todo esto en el marco de una compleja situación violenta, que inició con enfrentamientos dentro del perímetro del aeropuerto, en donde las fuerzas de seguridad fueron atacadas con piedras, palos y fuegos pirotécnicos, como avellana”, detalla el informe.