La norma que busca unificar el sistema privado y público de pensiones plantea cambios significativos en la forma de acceder a jubilaciones en el Perú. Sin embargo, persisten dudas profundas sobre la viabilidad financiera, la equidad intergeneracional y la sostenibilidad a largo plazo del modelo.
Unificación de sistemas previsionales
La nueva ley plantea la integración del Sistema Privado de Pensiones (SPP) y el Sistema Nacional de Pensiones (SNP), bajo un marco común que obliga a todos los mayores de 18 años a elegir un régimen. De no hacerlo, quedarán automáticamente asignados a la ONP.
Hoy, el SPP cuenta con más de 9.1 millones de afiliados y administra fondos por encima de los S/117,000 millones, equivalentes al 15% del PBI peruano. Por su parte, la ONP concentra alrededor de 4.8 millones de aportantes activos, pero requiere subsidios estatales superiores a S/5,200 millones anuales para pagar pensiones, ya que la tasa de dependencia (número de activos que financian a cada jubilado) se ha deteriorado de 3 a 1.
También, el sistema privado mantiene el esquema de Cuentas Individuales de Capitalización (CIC), donde cada afiliado puede visualizar sus aportes y la rentabilidad obtenida. En promedio, las AFP han registrado una rentabilidad real anual de 6.4% en los últimos 15 años, aunque con periodos de volatilidad severa.
En contraste, la ONP sigue operando bajo el modelo de reparto (no existe transparencia en los fondos de los aportantes), con una lógica de solidaridad intergeneracional, pero sin transparencia sobre los flujos y con limitada sostenibilidad fiscal.
Beneficios y requisitos para acceder
Uno de los puntos centrales de la reforma es la introducción de una pensión mínima de S/600 para quienes registren al menos 20 años de aportes efectivos. Adicionalmente, se crea una pensión proporcional de S/300 para quienes acumulen un mínimo de 10 años de contribuciones.
El especialista en Economía y CEO de la empresa Noza Investment Company, César Novoa, en una entrevista para InfoMercado, resaltó que en ambos casos, cuando el ahorro individual no alcance para cubrir estas pensiones, será el Estado quien subsidie la diferencia, lo que implica un incremento en la carga fiscal futura.
El carácter obligatorio y universal de la afiliación desde los 18 años busca reducir la evasión previsional. No obstante, su efectividad es cuestionable: en el Perú, la informalidad laboral supera el 70% de la PEA (INEI, 2024), lo que significa que gran parte de los jóvenes no podrá cumplir con la densidad de aportes requerida para acceder a los beneficios.
Según el especialista Novoa: “la norma, en lugar de incentivar el ahorro previsional, lo está debilitando. Decisiones de corto plazo están comprometiendo la sostenibilidad del sistema y, en consecuencia, las jubilaciones del futuro”, explicó.
Limitaciones del modelo aprobado
En el SNP persiste la ausencia de cuentas individuales y la opacidad en la gestión de los recursos. El déficit actuarial de la ONP se estima en más de S/100,000 millones hacia 2050 según las proyecciones del MEF en 2024.
En el caso del SPP, se mantiene el esquema de comisiones sobre la remuneración (1.25% a 1.6% en promedio) y comisiones sobre saldo, que siguen cobrando incluso cuando el afiliado experimenta pérdidas en sus inversiones.
El economista explicó: “las AFP nunca pierden: cobran comisiones independientemente del desempeño del fondo. El afiliado, en cambio, puede ver cómo su cuenta se reduce, lo que agrava la falta de confianza en el sistema”.
Esta rigidez ha generado desconfianza, según encuestas de Ipsos en 2025, la cual se basa en que 7 de cada 10 afiliados creen que las AFP se benefician aún en escenarios de crisis.
Riesgos para los afiliados y el rol del congreso
El especialista Novoa explica que los retiros de fondos de las AFP entre 2020 y 2024 liberaron más de S/95,000 millones (10% del PBI), lo que podría dejar a 6 millones de afiliados sin pensión mínima en la jubilación.
Esto generaría un riesgo intergeneracional, ya que los jóvenes deberán financiar con impuestos las pensiones de quienes agotaron sus cuentas. El MEF estima que, sin reformas, el déficit público aumentará en 1.2% del PBI anual hacia 2035.
El Congreso ha privilegiado decisiones populistas sin planificación técnica. El especialista plantea tres medidas urgentes:
- Transparencia y rendición de cuentas en los sistemas público y privado.
- Garantizar rentabilidad mínima positiva de los fondos.
- Educación previsional y financiera desde la escuela, dado que el 72% de peruanos desconoce cómo funciona su fondo.
En el mercado, predomina la desconfianza con el 65% de afiliados que retiraría lo que le queda con el retiro extraordinario. La solución para Novoa no es eliminar las AFP, sino abrir el mercado a nuevos actores financieros que compitan con reglas claras, recuperen la confianza y aseguren pensiones sostenibles y dignas.