La reciente censura del ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, ha generado una controversia que trasciende lo político, sacando a la luz el complejo panorama de la minería en el Perú. Alfonso Bustamante, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), expresó su preocupación afirmando que «ganaron los ilegales», en alusión a la minería ilegal y sus promotores.
Bustamante destacó el desempeño del ahora exministro, calificándolo como «competente» en un sector crucial para el desarrollo económico del país. Según el titular de la Confiep, esta destitución refleja la resistencia hacia reformas clave, como la Ley de la Pequeña Minería y de la Minería Artesanal (Ley MAPE), que pretendía reemplazar el actual Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
Minería ilegal: un problema en crecimiento
Durante una entrevista en Ampliación de Noticias de RPP, Bustamante señaló que la minería ilegal representa una actividad ilícita de dimensiones alarmantes, generando posibles ingresos estimados en más de 6,000 millones de dólares al año. Estos fondos, advirtió, no solo perpetúan la explotación laboral en condiciones inhumanas, sino que alimentan la adquisición de armamento y el fortalecimiento del crimen organizado.
“El resultado del Congreso es sospechoso”, declaró Bustamante, cuestionando la aparente desinformación y falta de análisis respecto a la Ley MAPE, que según él, ofrece un marco más sólido para formalizar la minería artesanal y proteger a los trabajadores vulnerables de las mafias mineras.
Hacia una regulación efectiva
El líder empresarial hizo un llamado al Gobierno y a los legisladores para insistir en la aprobación de la Ley MAPE. Consideró esencial comunicar mejor los beneficios de esta normativa, tanto a los representantes en el Congreso como a la ciudadanía, apelando a quienes buscan un cambio positivo en la regulación del sector.
“El crimen organizado vinculado a la minería ilegal está afectando nuestras ciudades, nuestra seguridad y nuestra calidad de vida”, concluyó Bustamante, instando a priorizar medidas que beneficien tanto a los mineros artesanales como al desarrollo del país.
Esta situación subraya la urgente necesidad de encontrar un balance entre la promoción de una minería sostenible y la lucha frontal contra la ilegalidad, en un país donde este sector constituye un pilar económico fundamental.