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CCL: Tres días de paro generan pérdidas por más de S/1,300 millones

Sectores afectados son el comercio y servicios, y dentro de ellos, el comercio minorista, servicios financieros, transporte y restaurantes, explicó el jefe del IEDEP, Óscar Chávez.
Por Merly Viera Valle
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La Cámara de Comercio de Lima (CCL) calculó que las pérdidas económicas del país ascienden a S/ 1,365 millones debido a los paros del 9, 16 y 23 de octubre. Estas protestas, impulsadas por los sectores de transporte y comercio, surgen como respuesta a la creciente ola de criminalidad.

Óscar Chávez, jefe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la CCL, señaló que el paro de transporte impacta en varios sectores económicos. El efecto real dependerá de cuántos transportistas se unan al paro y qué otros sectores se ven afectados.

Chávez mencionó que los sectores más perjudicados incluyen el comercio y los servicios, destacando el comercio minorista, los servicios financieros, el transporte y los restaurantes. Las pérdidas potenciales en ventas se estiman en S/ 455 millones por día.

Este impacto económico resalta la importancia del transporte para el funcionamiento de la economía peruana. La situación actual plantea serios desafíos para las empresas y el bienestar general de la población.

CCL propone medidas

La Cámara de Comercio ha sugerido al gobierno declarar el estado de emergencia en la Policía Nacional del Perú (PNP). Esta medida busca proporcionar a la PNP la infraestructura, el equipamiento y los recursos logísticos necesarios para combatir la criminalidad.

Además, la CCL propone la incorporación de agentes de inteligencia y de investigación con experiencia que actualmente están retirados. Esta estrategia podría fortalecer las capacidades operativas de las fuerzas del orden.

Por último, la CCL sugiere tomar control de las 120 zonas vulnerables del país, que ya han sido identificadas. Esto se lograría mediante acciones conjuntas entre la PNP y las Fuerzas Armadas coordinando sus oficinas de inteligencia.

El objetivo es establecer un sistema integrado que se enfoque en la lucha contra la inseguridad ciudadana y la creciente ola de violencia. Asimismo, estas medidas buscan mejorar la seguridad y proteger a la población peruana.