Expertos en seguridad y lucha contra la corrupción identificaron que el incremento de la inseguridad y el crimen organizado en el país se debe a la falta de inversión en la erradicación de cultivos ilegales de coca y a la ausencia de un plan para prevenir el avance de organizaciones delictivas transfronterizas.
Durante una mesa redonda organizada por la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), se concluyó que estos problemas se deben a la entrada de organizaciones criminales por las fronteras y la falta de un plan integral del Estado para combatir actividades ilícitas como la minería ilegal y el narcotráfico.
Desafíos de las economías criminales
En el evento «Desafíos de las Economías Criminales al Estado de Derecho: Perspectivas en América Latina y el Perú», Hernán Lanzara, primer vicepresidente y presidente de la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la CCL, señaló que el tráfico de drogas aumentó significativamente.
Asimismo, señaló que entre 2018 y 2022, la superficie cultivada de hoja de coca creció un 76 %, y la producción de cocaína aumentó un 63 %, lo que plantea serios desafíos para la seguridad y la gobernabilidad del país.
Además, Lanzara explicó que estos problemas se agravan debido a factores internos como la pobreza y la falta de oportunidades económicas legales, y factores externos como la alta demanda de oro y cocaína en el mercado internacional.
Estas economías criminales debilitan el estado de derecho al socavar las instituciones y fomentar la corrupción, además de distorsionar el mercado y privar al Estado de ingresos fiscales necesarios para financiar servicios públicos.
Inversión insuficiente
Jaime García, director de la CCL, destacó que el presupuesto público para combatir el narcotráfico en Perú es insuficiente. Además, explicó que aunque en 2006 se destinaban 29 millones de dólares para esta lucha, alcanzando un pico de 191 millones de dólares en 2015, la inversión disminuyó nuevamente, lo que ha llevado a un aumento de los cultivos ilícitos de coca.
José Ugaz, miembro de la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la CCL, mencionó que la criminalidad organizada de hoy controla físicamente territorios gracias a su capacidad armada y su influencia en el Estado.
Criminalidad transfronteriza
Víctor Hugo Guerra, director legal para la Prevención del Comercio Ilícito en Latinoamérica, señaló que Perú se convirtió en un mercado atractivo para el comercio ilegal debido a sus fronteras con Bolivia, Colombia y Ecuador, que son rutas para los carteles de drogas y el oro ilegal.
Por su parte, David Luna, director ejecutivo de la Coalición Internacional Contra las Economías Ilícitas (ICAIE), explicó que en Perú y Ecuador la criminalidad aumentó debido a la expansión de la minería ilegal y el narcotráfico. Luna enfatizó que los gremios empresariales juegan un rol importante al estimar los costos significativos que la inseguridad genera en los mercados.
Carlos Basombrío, exministro del Interior y experto en seguridad, afirmó que la economía criminal más grande en Perú es la minería ilegal, según un estudio de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Esta economía criminal involucra cada vez más a organizaciones criminales transnacionales.
Para combatir estas economías criminales, Juan Carlos Buitrago, experto en seguridad nacional, resaltó el trabajo de los gremios empresariales como la CCL para prevenir el avance de estas economías y organizaciones delictivas transfronterizas. Lanzara añadió que es necesario fortalecer las instituciones, combatir la corrupción en todos los niveles y promover la formalidad.
