El cálculo en base al presupuesto anual del INPE y a la población penal indica que el Estado dedica alrededor de US$3.135 anuales por reo, es decir, S/.28 diarios.
Este monto debe cubrir alimentación, seguridad, limpieza, educación, entre otros aspectos.
De acuerdo con el Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE), a mayo del 2018, las cárceles peruanas contaban con una población penal de 87.724 reos, cifra que supera la capacidad máxima que es de 39.156.
Por este motivo, existe una sobrepoblación del 124%, por lo que al país le urgen medidas que permitan reducir el hacinamiento de sus reos.
Carlos Vásquez explicó que se estima que en la última parte del gobierno de Fujimori la población penitenciaria crecía 3% anualmente. En el gobierno de Toledo, 4%; García, 8%; y Humala, 10%.
En el 2011 había una población de unos 45.000 y actualmente la cantidad se ha duplicado.
Esta situación no significa, necesariamente, que ingresan cada vez más internos, sino que con el incremento de las penas y la reducción de beneficios, cada vez salen menos.
Si esto sigue así, a finales del gobierno la población podría llegar a 104 mil internos, señaló Vásquez.
Los costos por encarcelar a una persona tiene una doble ramificación: el ciudadano pasa de ser una unidad económica productiva a una que hay que mantener.
En base a un estudio de la George Warren Brown School, se estimó que por cada dólar invertido en mejorar las condiciones de encarcelamiento, se generan diez dólares adicionales en beneficios para la sociedad.
Si bien, el gasto anual de Perú es comparable con el de países como Colombia (US$3.128) o México (US$3.889), difiere de países como Chile (US$13.786), España (US$22.069) o Estados Unidos (US$34.704), que lo superan ampliamente.
Situación carcelaria actual
En base a las cifras de mayo, al Estado le cuesta S/1.359.904 anuales únicamente mantener a la sobrepoblación penal. A fines del 2018, y de seguir la tendencia de crecimiento, la cifra será mayor.
Por este motivo, en una coyuntura donde se debaten medidas para reducir la criminalidad como la pena de muerte y la castración química, la opción de concesionar los servicios carcelarios surge como una medida que podría reducir la reincidencia y, por ende, los costos fiscales.
En julio de este año, el Ministerio de Justicia anunció que evaluaría la privatización de la seguridad del acceso a las cárceles.
El especialista en programas de cárceles productivas y presidente ejecutivo de G2 Security LLC, Andrew Gilmour, afirmó que durante la gestión del presidente Kuczysnki presentó un proyecto para la construcción de un nuevo centro penitenciario cuyo objetivo es tomar 12% del total de los reos actuales e iniciarlos, voluntariamente, en un programa de cárceles productivas.
Este proyecto incluye, por ejemplo, programas de educación y formación técnica que permitan una mejor reinserción a la sociedad con la meta de que al menos el 40% no reingrese a las cárceles.
“Si reducimos la reinserción en 12% al año con programas de cárceles productivas, podríamos tener ahorros e ingresos que sumarían, en 25 años, US$4 mil millones”, aseguró el ejecutivo.
Nuevas cárceles
Entre 1990 y 1994 se construyeron 3.700 unidades de albergue (celdas para un reo y sus respectivos servicios básicos). Entre el 2001 al 2005, 1.050 unidades; del 2006 al 2010, 2.828; y del 2011 al 2015, 7.189 unidades.
A la fecha, con 69 centros penitenciarios en el territorio nacional, hay un déficit de 48.568 unidades de albergue. Sin embargo, existe también la posibilidad de expandir los penales ya construidos.
Por ejemplo, el penal de Socabaya, en Arequipa, tiene 18 hectáreas, pero solamente está construido en dos de ellas. Es decir, hay 16 hectáreas libres.
Según Vásquez, ya se tienen proyectos de este tipo en seis penales, que permitirían crear 1.512 unidades de albergue.
“Construir desde cero un nuevo penal para 1.512 personas costaría S/150 millones. Pero, como la ampliación es solo dentro de penales ya concluidos, se reduce toda la inversión en la tercera parte”, concluyó.
Vía El Comercio