La reciente decisión del presidente estadounidense Donald Trump de suspender por 90 días la aplicación de aranceles a más de 75 países, incluyendo al Perú, ha sido recibida con optimismo por la Cancillería peruana.
Sin embargo, el gobierno advierte que aún se debe revisar la “letra pequeña” de la orden ejecutiva que formalizará la medida. En entrevista con RPP, el canciller peruano Elmer Schialer, expuso el alcance de las gestiones diplomáticas que han llevado a este resultado, así como los desafíos que persisten en la agenda bilateral.
La pausa de los aranceles viene acompañada de una reducción del 10% en los gravámenes recíprocos, una medida que busca aliviar tensiones y recompensar a aquellos países que no han tomado represalias comerciales frente a las políticas proteccionistas de Washington.
En contraste, China ha sido objeto de un endurecimiento inmediato, con aranceles que escalan hasta el 125%, marcando así un giro estratégico en la política comercial estadounidense.
En el caso del Perú, esta suspensión se interpreta como un avance relevante para consolidar una relación económica más equitativa con Estados Unidos. Actualmente, el 98% del universo arancelario entre ambos países ya se encuentra liberado, lo que convierte al intercambio bilateral en uno de los más abiertos de la región.
La imposición del arancel inicial del 10% —vigente desde abril— había generado preocupación por su carácter no recíproco, considerando que el promedio de los aranceles peruanos a productos de origen estadounidense es de apenas 2,3%.
Durante las negociaciones, el Perú planteó con claridad la necesidad de revertir esta medida como condición para avanzar en otros temas pendientes de la agenda económica. El gobierno estadounidense ha reconocido, además, la existencia de por lo menos una docena de barreras arancelarias que afectan sus exportaciones al Perú, incluyendo aspectos vinculados a la propiedad intelectual, la piratería y normas sanitarias.
Más allá del comercio: seguridad, migración y OEA
La suspensión del arancel ha sido bien recibida en los mercados financieros, y abre el camino hacia un relanzamiento de la relación bilateral. En este contexto, las autoridades peruanas han planteado la posibilidad de evolucionar hacia una «asociación estratégica integral», considerando que en 2026 se cumplirán 200 años de relaciones diplomáticas entre ambos países.
Pero la agenda va más allá del comercio. En las reuniones sostenidas con representantes del gobierno norteamericano, se abordaron también temas de seguridad y defensa, especialmente en lo referido al combate regional contra el crimen organizado.
El Perú ha propuesto llevar a la próxima Asamblea General de la OEA —a celebrarse en junio en Antigua y Barbuda— un documento para impulsar una estrategia conjunta contra el Tren de Aragua, organización criminal que ya opera en varios países de la región.
Asimismo, el gobierno peruano ha postulado a la exministra Ana María Sánchez para ocupar el cargo de secretaria general adjunta de la OEA, en un esfuerzo por reposicionar al país en los espacios multilaterales clave.
La relación entre el Perú y Estados Unidos atraviesa una etapa de redefinición. La suspensión del arancel del 10% representa un alivio inmediato, pero también un punto de partida para un diálogo más amplio sobre comercio justo, seguridad regional y cooperación política en un escenario global cada vez más complejo.