El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) aprobó el estudio de impacto ambiental detallado (EIA-d) del proyecto de cobre Trapiche, de la minera peruana Buenaventura, con una inversión estimada de US$ 3,400 millones.
El yacimiento se ubica en la región andina de Apurímac y representa uno de los activos cupríferos más importantes de la compañía.
La certificadora informó que la evaluación del EIA-d «garantiza el desarrollo de actividades bajo altos estándares de sostenibilidad». Sin embargo, precisó que la aprobación «constituye un requisito indispensable, pero no autoriza por sí misma el inicio de actividades».
Trapiche deberá obtener aún otros permisos oficiales, entre ellos la licencia de construcción, antes de poder iniciar obras.
Un hito en la cartera minera del país
La aprobación llega en un año en que la inversión minera privada proyectada para Perú supera los US$ 7,600 millones, según estimaciones del Ministerio de Energía y Minas. Trapiche suma así un proyecto de gran envergadura a la cartera de iniciativas que buscan consolidar al país como potencia cuprífera global.
Perú es el tercer mayor productor mundial de cobre, detrás de Chile y la República Democrática del Congo, y cuenta con una cartera de proyectos en distintas etapas de desarrollo que incluye Tía María (Southern Copper) y la expansión de Antamina.
El peso estratégico de Trapiche para Buenaventura
Buenaventura, conocida principalmente por su portafolio de minas de oro y plata en el país, ha señalado en reiteradas ocasiones que Trapiche es uno de sus activos de cobre más relevantes.
Representantes de la empresa han indicado que el proyecto podría entrar en operación después de 2030, una vez completados todos los trámites y la construcción de la infraestructura necesaria.
La empresa también posee el 19.58% del yacimiento de Cerro Verde, una de las mayores productoras de cobre del Perú, operada por Freeport-McMoRan en la región de Arequipa.
Con la aprobación del EIA-d de Trapiche, Buenaventura completa un paso regulatorio clave que le permite avanzar hacia las siguientes etapas de permisos y, en su momento, hacia la construcción de lo que podría convertirse en su principal proyecto cuprífero propio.