El Instituto Peruano de Economía (IPE) advirtió que el bono Beta, una bonificación equivalente al 30% de la remuneración mínima vital (RMV), habría generado un costo superior a S/5,000 millones entre 2021 y 2025, afectando principalmente a las empresas agrarias de menor tamaño.
Impacto en el empleo agroexportador
Según el informe del IPE, la creación del bono Beta mediante la Ley N° 31110 en 2020 ha perjudicado la recuperación del empleo formal en el sector, sobre todo en empresas con menos de 100 trabajadores.
Estos negocios no lograron superar los impactos de la crisis de fertilizantes de 2022 ni del fenómeno de El Niño costero de 2023.
Por su parte, las empresas con más de 100 trabajadores recién en mayo de 2025 alcanzaron los niveles de empleo de junio de 2023, aunque todavía se ubican 21% por debajo de la tendencia 2017-2022.
Diferencias regionales
El IPE indicó que el bono Beta representa hasta 24% del jornal promedio en la costa norte, siete puntos más que en Ica, debido a las condiciones de mercado. Esta situación genera una desventaja competitiva entre regiones y limita la creación de más empleos en zonas de menor productividad.
Además, el análisis concluye que, en la práctica, el agro cuenta con un salario mínimo más alto que otros sectores, a pesar de ser una de las actividades de menor productividad. Esto ha reducido la competitividad frente a otros rubros de la economía y ha generado incentivos distorsionados en el mercado laboral.
Carga fiscal y retos
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estima que la restitución del Impuesto a la Renta de 15% para las empresas agrarias, aprobada por el Congreso, representará un costo fiscal de S/1,100 millones anuales entre 2025 y 2035.
En paralelo, el bono Beta costará S/1,200 millones solo en 2025, lo que evidencia un peso considerable para las finanzas públicas y resta recursos que podrían destinarse al cierre de brechas sociales.
Lecciones del caso
El IPE señaló dos lecciones principales:
- Los promotores del bono Beta deben responder por sus efectos negativos en el empleo y la competitividad.
- El debate debe orientarse hacia la creación de regímenes tributarios y laborales más competitivos y generales, en lugar de incentivos específicos para un solo sector.