Las micro y pequeñas empresas (MYPE) continúan enfrentando obstáculos burocráticos que limitan su desarrollo y su capacidad de competir.
Entre los sectores más afectados se encuentran las bodegas, que suman más de 500 mil negocios a nivel nacional y constituyen el sustento principal de miles de familias peruanas.
Restricciones municipales y su impacto en la competitividad
Uno de los principales obstáculos burocráticos para las MYPE es la restricción horaria para la venta de bebidas alcohólicas impuesta por diversas municipalidades.
Su impacto ha sido tal que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) la declaró ilegal mediante la Resolución 0382-2025/SEL.
El organismo concluyó que estas medidas, además de carecer de sustento técnico, vulneran el principio de razonabilidad y afectan la libertad de empresa, generando sobrecostos y pérdida de competitividad.
“Cada trámite adicional, cada restricción municipal o cada permiso duplicado representa tiempo y dinero que las pequeñas empresarias no tienen.
Muchas bodegas operan al límite de su rentabilidad y estas barreras burocráticas terminan empujándolas hacia la informalidad”, explicó Daniel Hermoza, director del Centro de Estudios de Mypes Unidas del Perú.
Gremios piden revisar procesos regulatorios
En este contexto, diversos gremios empresariales se reunieron con el presidente de la República, José Jerí, en Palacio de Gobierno, para solicitar la eliminación de trabas que frenan la inversión privada y la formalización.
También se reafirmó el compromiso de revisar los procesos regulatorios que afectan el clima de negocios y la generación de empleo.
Panorama retador para las bodegas
Para las bodegueras, el impacto de normas locales desproporcionadas es particularmente severo. “No se puede exigir a las bodegas cumplir con más requisitos que las grandes cadenas.
Las municipalidades deben entender que somos parte del tejido económico del país y que, en lugar de sancionarnos, deberían apoyarnos con capacitación y simplificación de trámites”, señaló Carla Campos, presidenta de la Asociación de Mujeres Bodegueras del Perú (Agremub).
Según Mypes Unidas del Perú, una bodega promedio puede enfrentar hasta 12 trámites distintos para operar legalmente, entre licencias de funcionamiento, autorizaciones sanitarias y permisos de comercialización.
A ello se suman fiscalizaciones repetitivas por parte de distintas entidades y normas que limitan el comercio, como el caso de la Ley Seca, que para 2026 proyecta pérdidas superiores a los S/320 millones.
Riesgos económicos por normativas desproporcionadas
“Las bodegas son el primer eslabón de la economía popular. Si las asfixiamos con trámites y multas injustificadas, perdemos todos: el Estado, los consumidores y las familias emprendedoras”, enfatizó Hermoza.