Como todos conocemos, el Ministro de Economía ha optado por aumentar la recaudación subiendo las tasas del Impuesto Selectivo al Consumo a los combustibles, las bebidas, los automóviles y los cigarrillos.
El pretexto ha sido proteger a la población de externalidades negativas y se ha decretado pese a que el Presidente del Consejo de Ministros dijo ante el Congreso que no aumentaría impuestos.
Ante esta medida adoptada por el Ejecutivo, la Cámara de Comercio de Lima, opina «que en momentos de crisis fiscal, es un error hacer política discrecional y de salud mediante medidas tributaria. El problema real es la crítica recaudación fiscal para lo que se debe buscar una solución integral y, no ajustes parciales».
En esa misma línea consideró que «la modificación del ISC en los combustibles y otros productos generaría incremento de precios de canasta familiar y contracción de la demanda interna».
Asimismo, la CCL afirmó que el incremento del ISC podría afectar la lucha contra la informalidad, la evasión, el contrabando e incentiva la falsificación o adulteración de productos que no cumplen con los estándares mínimos de sanidad y salubridad.
Desconfían del debate de normas
En un comunicado enviado a los medios de comunicación, la CCL desconfía de los procesos futuros del Ejecutivo ante las medidas adoptadas.
«El Gobierno ha planteado que la reforma fiscal será debatida públicamente a fin de contar con las consideraciones de todos los sectores de la sociedad; no obstante, ¿qué debate se puede generar si se publican los decretos sin ningún tipo de discusión, sustentación y mediante una publicación extraordinaria minutos antes de la medianoche y de la entrada en vigencia de la norma?», señala la CCL.
Añadió el comunicado que. hace décadas, el ISC dejó de ser una salida puramente recaudatoria: «creemos que su modificación, en cualquier sentido, requiere de un análisis profundo y técnico -tal como lo propone el propio Gobierno en la solicitud de facultades legislativas-y para lo cual la Cámara de Comercio de Lima pone a disposición del Ejecutivo a sus técnicos con el objetivo de aportar con propuestas viables».
Finalmente, la CCL espera que «el Gobierno dé marcha atrás y suspenda la aplicación de la norma referida hasta que no medie el debate y búsqueda de consenso que tanto se ha ofrecido a los actores económicos».