El actual Directorio Aenza, exGraña y Montero, inició acciones legales contra tres de sus exdirectivos. La decisión de demandar a José Graña Miró Quesada, Hernando Graña Acuña y Mario Alvarado Pflucker se sustenta en presuntas acciones ilícitas relacionadas a los casos de corrupción como el «Club de la Construcción» y «Lava Jato».
Siendo el primero un esquema que operó entre 2011 y 2014, en donde constructoras nacionales e internacionales coordinaban con funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para repartirse licitaciones de obras públicas a cambio de sobornos.
Por su parte, el caso Lava Jato, reveló el pago sistemático de sobornos por parte de constructoras como Odebrecht a funcionarios políticos de Perú y Latinoamérica para asegurar adjudicación de contratos de infraestructura.
Impacto económico de las acciones ilícitas
Los actos atribuidos a los exejecutivos se realizaron sin el conocimiento o la autorización de los órganos de gobierno de la compañía y generaron un impacto económico.
Las consecuencias directas incluyeron la cancelación de contratos y la pérdida de miles de puestos de trabajo, afectando a más de 7,000 familias que dependían de la empresa.
En respuesta a estas prácticas, Aenza asumió y cumplió con las sanciones impuestas por las autoridades, lo que involucró el pago de una reparación civil y la inhabilitación para contratar con el Estado hasta finales de 2025.
El compromiso de reparación civil total asciende a S/181’173,225.65. Este monto se pagará en 12 cuotas anuales más intereses legales. El primer cobro fue de S/4 millones en junio de 2025.
Aenza: Nuevo modelo de gestión
Desde el 2021, la empresa recalca que los exdirectivos involucrados y la familia fundadora ya no poseen participación ni influencias alguna en la administración de Aenza.
El nuevo directorio opera bajo un modelo de gestión renovado, implementando mecanismo de integridad rigurosos. Entre estas herramientas se destaca la certificación bajo la norma internacional ISO 37001 en su sistema de gestión antisoborno, lo que busca garantizar los estándares más estrictos en integridad empresarial.