En la conferencia «Reflexiones en torno a la evolución minera desde el IIMP», Abraham Chahuan, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), reveló que 23 proyectos mineros, valorados en $30 mil millones, están en espera debido a la tramitología excesiva de las instituciones gubernamentales.
Asimismo, destacó que estos 23 proyectos forman parte de un total de 47 o 51, los cuales están experimentando retrasos por razones externas, ya que para poner en marcha dichos proyectos, se necesitan al menos 407 regulaciones administrativas en 29 instituciones estatales.
“De esos 47 proyectos o 51, el grueso, un total de 23 presentan retrasos por razones ajenas a la voluntad de la empresa, con una inversión de US$ 30 mil millones”, puntualiza Chahuan.
Por lo que, la no ejecución de estos proyectos entre 2008 y 2022, ha resultado en pérdidas de S/ 700 mil millones para la economía peruana y S/ 123 mil millones en recaudación fiscal. Además, ha impedido que 1.7 millones de personas adicionales hayan salido de la pobreza en 2022.
¿Cuál es el impacto de este estancamiento en el resto de proyectos?
Chahuan señala que los S/ 123 mil millones no recaudados por proyectos podrían haber cubierto la brecha de infraestructura a corto plazo, equivalente a S/ 117 mil millones.
En el caso de Cajamarca, los S/ 43 mil millones de recaudación no obtenidos podrían haber financiado ocho veces su cartera de proyectos.
¿Cómo responde Chahuan ante esta situación?
Chahuan criticó a las instituciones estatales por fiscalizar más a la minería formal, que genera beneficios para la población, que a la minería ilegal, que solo depreda el ecosistema. Instó a las instituciones a no ceder ante las presiones y a aplicar la normativa contra la minería ilegal, en lugar de solo supervisar la formal.
