Carlos Bernal, presidente de la Asociación de Contratistas Mineros del Perú (Acomipe) aseguró a Gestión que los conflictos en el sur del Perú a causa de las protestas están generando perjuicios financieros en distintas industrias. Las empresas de producción en minería y proovedores de bienes se han visto afectados por la conflictividad que vive el país.
La tercerización del trabajo ha sido el modelo utilizado desde que el Poder Judicial aceptó su práctica en los núcleos de la industria en 2019. Por ello, las empresas prestan su servicio a todo costo.
Esto quiere decir que los operarios de la mina, sean de limpieza, seguridad, mantenimiento o mineros, tienen que llevar sus propios equipos. La maquinaria, indumentaria y herramientas son entregadas por la empresa proveedora.
El especialista explica que las empresas de minería «no tienen la obligación de tener equipos, salvo maquinarias muy grandes que utilizan en alguna parte de la operación».
A causa de este modelo, los contratistas mineros han reducido en un 30% su adquisición de equipos, maquinaria y transporte. Debido a las protestas, el traslado de estos equipos a las minas se dificulta, generando pérdidas.
Las protestas afectan a empresas y trabajadores
«Hemos estimado que las empresas proveedoras y las contratistas vienen perdiendo más de US$130 millones entre diciembre y enero», sostuvo Bernal. Además aclaró que la cifra podrá ser mayor en cuanto las protestas se expandan a otras regiones y zonas del país.
Según Bernal a Gestión, 150 son las empresas contratistas que otorgan servicios de personal para aproximadamente 10 unidades de minería entre las que están Las Bambas, Quellaveco y Cuajone. Más aún, el ámbito laboral también fue duramente golpeado.
«Son 10,000 empleos que han sido afectados por la convulsión social, del cual un porcentaje puede incluso perderse en la medida de que más minas se paralicen» aclaró Bernal.
