La actual coyuntura de crisis económica, política e institucional que atraviesa el país son analizados por la abogada, magíster en gestión pública y directora de la Asociación de Contribuyentes del Perú, Martha Bringas Gómez, quien concedió una exclusiva entrevista a Infomercado.
Estimada Martha, en principio, cuéntanos muy brevemente, qué es la Asociación de Contribuyentes del Perú y qué objetivo persigue.
La Asociación de Contribuyentes del Perú (ACP) es una asociación sin fines de lucro cuya finalidad primordial es un centro de pensamiento (“think tank”) conformado por personas con vocación de servicio a la ciudadanía, a través de actividades de educación y difusión, incidiendo en la necesidad de que los peruanos y peruanas ejerzan un rol vigilante sobre el Estado y cómo este administra los recursos que recauda a través de los impuestos que todos pagamos. Así como es deber de todo ciudadano pagar impuestos, es función del Estado prestar servicios públicos oportunos, eficientes, de calidad y, en ese sentido, la Asociación provee de información confiable, veraz y actualizada, ejerciendo vocería en el debate público a favor del ciudadano, en especial del sector más vulnerable.
Recientemente publicaron “Las 6 mentiras del mensaje presidencial del primer año de Pedro Castillo”. De esta lista, ¿cuál les ha causado mayor preocupación?, y ¿por qué cree que se da este tipo de medias verdades o mentiras?
Desde ya se sabía que el primer mandatario no podía ostentar ningún logro visible en su primer año de gobierno, pero lo que no se esperaba que el discurso se encontrara plagado de cifras y datos distorsionados para aparentar que se han realizado gestiones exitosas. Con una inversión privada nula en el primer semestre del 2022 a consecuencia de los constantes desaciertos de Pedro Castillo y sus ministros, resulta preocupante que se pretenda engañar al pueblo con cifras y proyecciones que no existen en este ámbito, sino por el contrario, una caída mayor de la inversión nacional y extranjera, que afectará duramente la capacidad adquisitiva de los ciudadanos, en especial de los más pobres, a consecuencia de la pérdida de empleo formal (que tampoco se ha recuperado, sino todo lo contrario, ya que lo que tenemos ahora es mayor subempleo y mayores trabajadores informales en las calles.
Sabemos que están muy atentos a todas las recientes publicaciones de normativas legales o decretos que impactan directamente con el mercado, la empresa y la sociedad en general, como los empleados. En términos generales, ¿cuáles han sido las principales leyes o disposiciones que, desde el Congreso o el Ejecutivo, han visto con preocupación?
Resulta sumamente preocupante el constante ataque del gobierno a la actividad empresarial, productiva, a través de decretos supremos emitidos por el sector Trabajo y Promoción del Empleo, que debería ser el más interesado en crear las condiciones para que haya más puestos de trabajo formales para los peruanos, sobre todo porque existen cientos de miles que aun no han podido emplearse nuevamente, a raíz de la pandemia y el consecuente cierre (quiebra) de empresas. Esto se ha plasmado en el decreto supremo que restringe la figura legal de la tercerización, que tantos puestos de trabajo genera en el país, así como el reglamento de la ley de relaciones colectivas de trabajo, que le otorga un tremendo poder a los sindicatos, afectando las actividades de la empresa.
A propósito de ello, en su cuenta de Instagram publicaron un mensaje que dice lo siguiente: “sindicatos más fuertes, trabajadores más débiles”, haciendo referencia al DS 014-2022-TR, ¿cuáles son las observaciones que han encontrado en esta normativa?, ¿por qué la consideran una amenaza?
Los sindicatos son importantes porque representan los intereses de los trabajadores afiliados y permiten la negociación de mejores condiciones de trabajo para estos. Pero lo que resulta condenable es que se pretenda otorgar a los líderes sindicales el poder de paralizar las actividades productivas de la empresa, impidiendo que esta pueda continuar operando, con las consecuentes pérdidas económicas, no solo para la empresa sino para los trabajadores, que por ser parte de esta también van a sufrir los efectos del abuso de dicho poder.
Un trabajador debilitado no es aquel que no cuenta con un sindicato sino aquel que puede perder su empleo formal debido a una legislación que desincentiva la negociación en igualdad de fuerzas, usando este mayor poder para “extorsionar” o “acogotar” a la empresa. La aprobación automática de la huelga sin que sea obligatorio que el sindicato provea los trabajadores esenciales para continuar con las operaciones, solo traerá despidos o quiebra de las pequeñas empresas y el crecimiento de la informalidad laboral, que hoy ya bordea el 80% de la economía nacional.
De otro lado, en el último año, ¿qué tanto se ha avanzado en flexibilizar o eliminar las barreras burocráticas que obstaculizan el funcionamiento de las empresas en el país?
Este es un tema que la Asociación considera fundamental y tenemos un informe técnico bastante nutrido sobre las negativas repercusiones que las barreras burocráticas tienen en las empresas, en especial las Mypes que son las que cuentan con menores capacidades para revertirlas o combatirlas. Requisitos o exigencias como el pago de tasas o requerimientos de inversión, pasando por plazos ilegales, prohibiciones absurdas o presentación de documentos de aprobación previa, esta “tramitología” constituye un obstáculo para que las empresas puedan ingresar, desarrollarse y permanecer en el mercado y nacen del propio Estado a través de leyes, reglamentos, ordenanzas, todo lo cual contradice la Constitución misma, según la cual el Estado debe fomentar y estimular la libre iniciativa privada.
Indecopi es la entidad a cargo de eliminar estas barreras burocráticas pero el procedimiento toma tiempo y mientras tanto la norma sigue vigente, por lo que se hace necesario que este mecanismo sea más rápido y expeditivo. Pero la solución debería pasar también por un control previo de parte del Estado (congreso, poder ejecutivo, concejos municipales) a fin de analizar y, dado el caso, observar aquella norma que contenga una barrera burocrática innecesaria e irracional.
Hablemos de la inflación. Los economistas señalan que el índice inflacionario ya tocó su mayor pico e irá en bajada en esta segunda mitad del año, ¿ustedes confían en que los precios retornarán a su estado normal o que al menos irán en descenso?
Esto depende en parte de los precios de los productos en los mercados internacionales, dada nuestra dependencia de alimentos e insumos importados (cereales y granos, por ejemplo). Sin embargo, el ruido político también aumenta la incertidumbre y produce incremento de precios, lo cual es lamentable pero real. A ello se suma la propia ineficiencia del Estado en materia de combustibles, cuyos precios hoy ubican al Perú con el combustible más caro de Latinoamérica, por la tremenda ineficiencia en la gestión de Petroperú y la insistencia en mantener viva la refinería de Talara. Hace falta tomar el toro por las astas, pero el gobierno parece no darse cuenta de ello.
Se discute sobre un Congreso bicameral, y aunque no alcanzó los votos requeridos en el Parlamento por lo que se irá a referéndum, ¿confía en que esto resuelva la corrupción y la debilidad institucional del Congreso?
Siempre ha sido difícil hablar del Congreso, por su alto porcentaje de desaprobación acentuada en los últimos años, aun cuando existen congresistas cuya calidad de representación y buen trabajo legislativo son encomiables. Sin embargo, ello no basta para convertir la propuesta de retorno a la bicameralidad en una que cuente con apoyo en un futuro referéndum, sobre todo por cuanto los opositores a la misma alegan que encubre una intención de los actuales congresistas de mantenerse en el Legislativo en una especie de velada “reelección”. En lo particular, pienso que la política mejora cuando se le toma en serio y se “profesionaliza” el ejercicio del cargo público, lo que debería incluir a los congresistas, de manera que un senado con mayores capacidades de sus miembros para hacer el papel de revisores de las leyes provenientes de la cámara de diputados, resultaría un acierto importante en el camino hacia fortalecer la calidad del trabajo del poder legislativo, así como garantizar la protección de derechos de los ciudadanos que estarían representados en mejor proporción en el senado.
Finalmente, ¿cuáles son sus propuestas para impulsar el crecimiento y desarrollo con inversión para el Perú?
Creemos firmemente que la defensa de las libertades individuales, en especial la libertad de empresa, son el motor de la economía peruana. La micro y pequeña empresa generan empleo para millones de personas, emprendimientos que no han recibido apoyo alguno del gobierno hasta el momento. La única manera de retomar el rumbo del crecimiento económico es fomentando la libre iniciativa privada, sea esta grande, mediana o pequeña, para crear riqueza y generar empleo, fortaleciendo las capacidades de las mypes, con un marco legal que sea atractivo para la formalización (mínima carga tributaria y flexibilización laboral). Reglas claras, estables en el tiempo, seguridad jurídica, apertura de mercados, eliminación de barreras burocráticas irracionales, apoyo a la libre iniciativa privada con trasferencia de capacidades y de tecnología, son temas claves para lograr el tan ansiado desarrollo. En paralelo, programas sociales sostenibles, que no generen dependencia económica y cultura de dádivas (bonos) sino que muevan la economía, como el sistema de vouchers de consumo, que ha tenido mucho éxito en otros países.
