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Abogado de Alberto Fujimori pide anular los casos Barrios Altos y La Cantuta

El próximo 15 de noviembre se analizará el pedido de habeas corpus que solicita anular los 25 años de prisión de Alberto Fujimori.
Por Gabriel Naquiche Publicado: Últ. actualización: 28 octubre, 2022 21:12
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alberto fujimori

El Poder Judicial revisará el hábeas corpus presentado por el abogado del exmandatario, Elio Riera, donde pide anular la sentencia emitida por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema que lo halló responsable por los casos Barrios Altos y La Cantuta, el 7 de abril del 2009.

Según el diario Correo, el juez Juan Fidel Torres Tasso, titular del Noveno Juzgado Constitucional de Lima, programó la diligencia para el 15 de noviembre a las 3:30 p.m.

Barrios Altos y La Cantuta

Como se recuerda, la extradición de Fujimori al Perú fue en 2007. Pero no fue hasta dos años después cuando lo condenaron a 25 años de prisión por ser el autor mediato del asesinato de 25 personas en Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), perpetradas por el grupo paramilitar Colina.

Sin embargo, Elio Riera dijo en Radio Santa Rosa que solo se ha presentado un hábeas corpus por los casos de La Cantuta y Barrios Altos «donde no hubo un pronunciamiento de fondo» tras el indulto que recibió Alberto Fujimori en diciembre del 2017.

Asimismo, el abogado sostuvo que existen dos habeas corpus, uno vinculado al indulto humanitario, con el que se logró que el TC declare nula la resolución que dejó sin efecto los indultos y que la Corte Interamericana suspendió sus efectos.

Y, finalmente, mencionó que la sentencia de los casos La Cantuta y Barrios Altos es cuestionable porque no se analizó la imputación necesaria.

Procurador viaja a Chile

El pasado 7 de octubre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) autorizó el viaje del procurador público ad hoc Javier Pacheco a Chile por el pedido de ampliación de la extradición de Alberto Fujimori.

Según el ministro de Justicia, Félix Chero, el objetivo de este viaje fue para representar y defender los intereses del Estado ante las autoridades jurisdiccionales chilenas.